¿Qué hecho fue más importante ayer para el país? ¿La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda o la denuncia sobre los intereses que la promovieron?

Porque si bien la renuncia de un funcionario de primer nivel del gabinete de López Obrador resulta preocupante –y escandalosa-, la denuncia que hace sobre los personajes influyentes en el Gobierno que inciden en la política económica echa por los suelos el eslogan del cambio.

Urzúa denunció que en esta administración “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento’’, lo que concede la razón a quienes critican acciones como los recortes presupuestales al sector salud, por ejemplo.

Cuando señala el insuficiente sustento, Urzúa se refiere a los efectos que las decisiones de política económica provocaron y no fueron previstos o, en todo caso, fueron erróneamente minimizados.

No sólo los recortes al sector salud son ejemplo, sino también las “licitaciones’’, responsabilidad de la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, con quien Urzúa no tenía buena relación, pero quien es una funcionaria “de toda la confianza del Presidente’’, según el propio López Obrador.

Como sea, el ahora ex funcionario deja ver que algunas de las políticas públicas en materia económica tomadas por el actual Gobierno no contaron con su aval porque se hicieron sin analizar sus consecuencias no sólo económicas, sino políticas y sociales.

La otra parte de la denuncia es la existencia de presiones –“de imposiciones de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública’’.

Lo peor es cuando afirma que la imposición fue motivada por “personajes influyentes del actual Gobierno con patente conflicto de interés’’
Es decir, que por ahí hay un tufillo de tráfico de influencias, lo que es igual a corrupción, cuya erradicación es la bandera de la 4T.

Sí, la renuncia del personaje es importante, pero más lo es la denuncia que hace de prácticas que presuntamente habían sido erradicadas desde el inicio de esta administración, pero que subsisten en lo oscurito.

Bueno, ahora ya ni tan oscuro.

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¿De qué tamaño es el negocio de la gubernatura en Baja California que por tercera vez el Congreso del estado, en contra de las leyes y la ética, aprobaron por tercera ocasión la ampliación (de dos a cinco años) el periodo para el gobernador?

Las dos ocasiones anteriores el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó los intentos por modificar la reforma a la Constitución local hecha en 2014 mediante la cual se aprobó una minigubernatura de dos años para empatar la siguiente elección de gobernador con la de diputados federales en 2021.

Lo más grave y sospechoso del asunto es que los diputados del PAN –con excepción de uno, Miguel Osuna Millán-, del PRI, el PRD y del MC, aprobaron la propuesta de Morena.

Y, salvo el PAN, ninguno de los otros partidos condenaron esta clara violación de la ley que a todos debe importarnos e indignarnos, pues los electores votaron para un mandato de dos años que no se puede cambiar a capricho e intereses de los diputados.

Imagínese que en el Congreso Federal, de mayoría morenista, a uno de ellos se le ocurra que modificando la Constitución se puede ampliar el periodo de López Obrador a 12 años nomás porque sí.

Ese atropello a la ley no debe pasar.