Hace dos semanas, familiares de miembros de la Policía federal se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional para exigir respeto y certidumbre laboral.

Lo primero: el respeto se derivó de que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), a donde un buen número de elementos de la federal fueron transferidos, los calificó de “fifís”, y desacreditó las quejas por falta de condiciones dignas para cumplir con su trabajo: “Estaban acostumbrados a dormir en hoteles y comer bufet”, sentenció.

La segunda demanda presentada en el Zócalo por las madres, esposas e hijos de policías fue “certeza laboral”, pues a los que se les detectó sobrepeso se les trasladó al INM, en donde no sabían cuál sería su salario, mientras que al resto aún no se les informaba si podrían conservar los mismos bonos y sueldo en sus nuevas adscripciones.

La protesta recibió una amplia cobertura de los medios de comunicación y se reforzó con algunas fotografías presentadas en el espacio de Ciro Gómez Leyva, en las que se aprecian condiciones insalubres y lamentables, por decir lo menos, en las instalaciones para brindar alojo a los elementos apostados en la frontera sur.

Pasaron dos semanas desde que la información circuló ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, es decir, la crisis estaba anunciada, y los encargados de atenderla actuaron en el menor de los casos, de manera omisa.

La omisión, o la (justificada) prisa por constituir y poner en marcha el nuevo cuerpo que buscará limpiar las calles de la rampante criminalidad, generó el ambiente idóneo para una tormenta de inconformidades; olvidaron que para que los elementos arriesguen la vida, lo que menos se les puede ofrecer es la certeza de que su familia o incluso ellos mismos tendrán un plato sobre la mesa o un lugar de descanso en condiciones dignas.

Por primera vez, ayer pudimos observar una manifestación de un cuerpo de seguridad en contra no sólo del Presidente, sino de los mandos del Gobierno federal, lo que podría tener como consecuencia, de no atenderse de manera inmediata y dejar la omisión y el exceso de confianza para otros asuntos, en el naufragio de toda la Guardia Nacional.

Preocupa, además, que los funcionarios federales aún no han verificado, o no han dado a conocer, el número de elementos de la Policía federal que cuentan con las habilidades, competencias y conocimientos para desempeñarse dentro de la GN, pues muchos de ellos, además de haber aprobado los exámenes de control de confianza, han sido capacitados en el extranjero y representan una inversión que la ciudadanía realizó durante años.

Por ello no sólo basta con que el presidente López Obrador asegure que la corporación “estaba echada a perder”, sino que se apliquen controles transparentes y rigurosos para identificar los antecedentes, capacitación y habilidades de aquéllos que podrían seguir cumpliendo con una de las tareas más riesgosas e indispensables para el país: la seguridad.

Introducir en una misma frase las palabras “Policía federal”, “echado a perder” o “fifís”, además de caer en una irresponsable generalización, apunta a que los recursos que se destinaron para la preparación de muchos de sus elementos, se tiraron a la basura, y atenta contra la misma Guardia Nacional.
¿O por qué meter policías federales (echados a perder) en la Guardia Nacional?

LEG