En los próximos días se hará oficial que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa finalmente podrán ingresar a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero.

La aparición de un video, la semana pasada, en el cual uno de los detenidos es torturado presuntamente por personal de la entonces Procuraduría General de la República ha provocado no sólo renuncia de funcionarios, sino la creación de una unidad de investigación del caso y diversas reuniones con abogados y familiares de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Una de esas reuniones fue con el secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval González, personaje que se comprometió a darles acceso al cuartel, pues durante años ha sido una de las principales exigencias de los familiares, quienes afirman que en dicho cuartel se ocultó información sobre los hechos ocurridos esa noche.

Los últimos detalles para su ingreso se dieron tras una reunión entre integrantes de la Comisión para la Verdad para el caso Ayotzinapa, que dirige el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas. En el lugar también se encontraban el general Luis Cresencio Sandoval y otros funcionarios que se comprometieron a tener lista la logística de ingreso para las próximas semanas.

Sin embargo, la exigencia esta semana para los abogados y familiares de los 43 estudiantes será obligar a la Fiscalía General de la Nación a determinar qué funcionarios participaron en la tortura de los presuntos implicados en la desaparición.

Al parecer, las investigaciones por estas torturas se reiniciaron, pero a la fecha no se ha citado a ninguno de los responsables de las detenciones o puestas a disposición de los propios casos denunciados, por lo que se ha generado una controversia importante entre familiares, abogados y autoridades que investigan el caso.

En otros procesos, habrá que estar muy pendientes en la Ciudad de México a las investigaciones que hay en torno a los casos de los dos jóvenes asesinados en las últimas semanas. De momento, el caso que traerá en jaque a las autoridades capitalinas será el de Leonardo Avendaño, a quien supuestamente asesinó el sacerdote Francisco Javier.

Si bien las últimas pesquisas han llevado a las autoridades a determinar que Leonardo en los últimos meses había obtenido recursos financieros fuertes y de los cuales se desconoce del todo el origen, también cuentan con líneas de investigación en las cuales el joven estaría extorsionando a diversos sacerdotes.

Los familiares de Leonardo han reclamado no saber de estas extorsiones a las autoridades y más han reclamado que se ha filtrado en medios la existencia de fotografías en las que Leonardo estaría relacionado con los sacerdotes.

La Iglesia, por su parte, ha negado la existencia de extorsiones y también de fotografías en las que los miembros religiosos estén vinculados con Leonardo. Esta investigación, de seguirse enredando, podría poner en jaque a la procuradora. Pues si bien se piden resultados de las pesquisas, ahora los familiares e Iglesia piden una versión oficial sobre estos documentos gráficos y acerca de la línea de la extorsión.

Por el momento, la Procuraduría también investiga los motivos por los cuales el abogado del sacerdote tomó el caso, pues les pareció extraño que también defiende al Betito, líder de la Unión Tepito.