Es difícil calcular el costo total derivado de la delincuencia, pero una de las estimaciones indica que en 2017 la inseguridad y los delitos generaron pérdidas en los hogares mexicanos por casi 300 mil millones de pesos. Cifra equivalente a 1.65% del PIB.

Este cálculo proviene de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, realizada por el INEGI, y hace referencia a delitos muy particulares a los cuales se tendría que agregar el costo de otros ilícitos no incorporados en la medición, como corrupción y lavado de dinero.

Aunque el costo de la corrupción es aún más difícil de conocer, las estimaciones oscilan entre 5 y 10% del PIB. Por su lado, de acuerdo a estudios recientes, en México se lavan 50 mil millones de dólares al año, provenientes mayoritariamente del crimen organizado, la corrupción y la elusión fiscal.

En suma, el costo de los delitos en México, grandes y pequeños, ha tenido un impacto significativo en nuestro desarrollo y, al mismo tiempo, ha generado incentivos para que los grupos criminales y las redes de colusión se sigan expandiendo, al permitirles contar con mayor riqueza y más bienes.

Esto pone en evidencia la necesidad de complementar la estrategia de prevención y combate a la delincuencia y a la corrupción con mecanismos eficientes que en realidad cierren las tuberías a través de las cuales fluyen los recursos económicos generados de manera ilícita.

Lograrlo tendrá dos consecuencias importantes. La primera, evitar que los integrantes de la delincuencia organizada y aquellas personas inmersas en actos de corrupción lleven a cabo sus operaciones de manera exitosa. La segunda, poder disminuir los incentivos económicos que muchas veces llevan a tomar la decisión de delinquir.

Bajo esta lógica, en el Senado de la República se está discutiendo la Ley Nacional de Extinción de Dominio, un instrumento que permitirá debilitar de manera certera la columna vertebral del crimen organizado y de la corrupción.

La extinción de dominio se incorporó a las leyes mexicanas hace más de 10 años. Desde entonces, se planteó como una herramienta cuyo objetivo era ayudar a las autoridades a disminuir los flujos financieros con los cuales cuentan los delincuentes. Sin embargo, los objetivos alcanzados no han sido los esperados.

Por tal razón, esta figura se ha ampliado para poder recuperar también los bienes adquiridos a través de actos de corrupción, de aquéllos provenientes de ganancias generadas por delitos contra la salud o por robos de hidrocarburos. Al mismo tiempo, se busca hacer eficiente el proceso de extinción de dominio, generando normas claras que hagan posible un procedimiento expedito y simplificado, con la finalidad de obtener resultados que estén protegidos por un marco legal a prueba de amparos.

Éste es uno de los esfuerzos realizados para regresar la paz y la tranquilidad a la sociedad mexicana. Se trata también de obtener de vuelta lo que grupos criminales y mediante actos de corrupción le han arrebatado a la población de manera ilegítima, algo no solamente justo, sino necesario, para el desarrollo de nuestro país.

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