Foto: Especial María Amparo Casar, presidenta de MCCI, señalo que las acciones ilegales tienen consecuencias como vulnerar la división de poderes, los derechos fundamentales y la rendición de cuentas  

En los seis meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en acciones ilegales o de dudosa legalidad y ha impulsado leyes a modo que van en detrimento del Estado de Derecho, lo que ha derivado en acumular 34 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad interpuestos por ciudadanos, gobiernos locales, funcionarios públicos, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil por sus acciones de gobierno, dijo María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI.)

Las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Causa Común, en colaboración con Nexos, realizaron un seguimiento de las diferentes acciones del nuevo gobierno y elaboraron un registro de algunas acciones abiertamente ilegales y, otras, de dudosa legalidad.

En conferencia de prensa, María Amparo Casar, presidenta de MCCI, señalo que las acciones ilegales tienen consecuencias como vulnerar la división de poderes, los derechos fundamentales y la rendición de cuentas, además de fomentar la discrecionalidad en el ejercicio del poder, las cuales tiene una tendencia a la concentración y centralización del poder del presidente.

“Lo que vemos es el regreso del péndulo a cocción hegemonista del poder Ejecutivo tan presente en nuestra historia, y que la esperanza de un comportamiento escrupuloso del ejercicio del poder no estamos viendo. Es simplemente una llamada para alertar del peligro que significa un gobierno que llegó a un poder, indiscutiblemente por la vía legal con gran legitimidad electoral, pero que habla, propone y actúa colocando a la legalidad y a las instituciones en un plano francamente secundario. Un gobierno que está quemando las naves de la legalidad y la institucionalidad que le permitieron llegar al poder”, subrayó Amparo Casar.

Entre las acciones “ilegales” que detectaron las organizaciones son: cancelación de Nuevo Aeropuerto Internacional México (NAIM) en Texcoco, inicio del Tren Maya sin requisitos legales previos, la ley de Remuneraciones de servidores Públicos, reclutamiento anticipado de personal para la Guardia Nacional, cierre de comedores comunitarios, entre otras.

Respecto a las acciones de dudosa legalidad: superdelegados, adjudicación directa del estudio costo beneficio del Tren Maya, reducción de recursos para combatir VIH/Sida y cáncer, la liberación de presos políticos pese a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los programas sociales sin reglas de operación y la construcción de la Refinería de Dos Bocas sin licitación ni permisos ambientales.

En el rubro de Leyes modo: la Ley Taino, cambio al Reglamento Interior de Segob, transformación de la Conadis en dirección adscrita a la Secretaría de Bienestar y el reglamento del SAT.

JMSJ