Es un respiro a medias.
La entrega de dinero comienza a normalizarse para estados y municipios, pero no para cubrir todos los rezagos.
El flujo es a cuentagotas y con controles extremos.
Las primeras partidas, se ha advertido a los gobernadores, serán para cubrir necesidades fundamentales de seguridad pública porque es el reclamo más sentido de la sociedad.
El sistema policiaco, pues.
Contratación de agentes, adquisición y alquiler –sobre todo renta- de patrullas, compra de armamento, equipamiento de corporaciones, tecnología para incrementar la vigilancia…
Con una salvedad: desde el centro del país se les dice qué, cómo y sobre todo con quién deben avituallarse con esas raquíticas participaciones las autoridades estatales y municipales.
No pueden salirse del esquema –la soberanía de gobernadores y alcaldes es ficción- porque tienen la mirada cual espada del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y sobre todo la oficial mayor Raquel Buenrostro.
Es dinero etiquetado y, por si eso fuera insuficiente la disposición legal, tienen la vigilancia permanente de los personeros de Andrés Manuel López Obrador, los plenipotenciarios súperdelegados.
Y ALGO PARA SALUD
No hay manera de evadir su control.
Como tienen línea directa a Palacio Nacional, los mandatarios estatales y los presidentes municipales temen acusaciones y el señalamiento flamígero en las conferencias matutinas.
Sería su final.
Como sea, ya tienen un poco más de recursos.
Inclusive algunas entidades, sobre todo las más necesitadas, ven ya participaciones correspondientes a otras partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Es el caso de sector salud.
Muy poco, por eso de las compras concentradas para combatir la corrupción.
Los servicios estatales empiezan sentir alivio para sus mayores urgencias, pero insuficientes para cubrir nóminas, deudas, pasivos y compromisos adquiridos desde 2018.
Es el caso de Chiapas y Tabasco, donde los gobernadores Rutilio Escandón y Adán Augusto López –los dos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- son presionados por las corrientes migratorias.
Y, como ya dijeron el salido y el llegado comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén y Francisco Garduño, México tiene una responsabilidad social con ellos.
Con los centroamericanos, caribeños y demás extranjeros hay dos responsabilidades fundamentales: cuidar su seguridad, su salud y sus derechos humanos.
Para todo ello los gobiernos locales necesitan recursos y ni modo de quedar mal con Donald Trump y los compromisos suscritos con cuerpos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
SÓLO QUEDAN CINCO
Casi en secreto, como se ha manejado gran parte del proceso sucesorio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió cómo será el proceso de inscripción.
Los aspirantes a conducirlo y poner fin a la negra etapa de Claudia Ruiz Massieu, deberán acudir mañana sábado a partir de las diez horas.
Ido José Narro Robles, estarán todos quienes han expresado interés.
Por orden de posibilidades:
Alejandro Moreno Alito, quien ha sumado a cuadros de poder y militancia.
Ivonne Ortega, ex secretaria del partido y ex gobernadora de Yucatán con crecientes simpatías entre los priístas de a pie.
Ulises Ruiz, en batalla contra Ruiz Massieu y Alito.
Lorena Piñón, veracruzana y cierto arraigo sobre todo en el sector femenil.
Y José Ramón Martell, con muchos cargos legislativo y partidistas.