El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) pactó con el presidente Andrés Manuel López Obrador la inversión de 32 mil millones de dólares en lo que resta del año.

Ésa es la buena.

La mala es que hasta ahora no se conocen proyectos de infraestructura en los que se puedan invertir esos recursos.

Dos de las grandes obras del lopezobradorismo, el aeropuerto en Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, se financiarán con recursos públicos y la tercera, el Tren Maya, ni siquiera tiene un plan maestro.

Las tres megaconstrucciones están detenidas, ya sea por recursos legales o por el incumplimiento de las normas legales mínimas que necesitan.

El anuncio, si bien es espectacular, no podrá mitigar el impacto económico de una declaratoria de economía en recesión si es que, como tal parece, también en el segundo semestre del año la economía se contrajo.

Los indicadores demuestran que la inversión nacional está detenida y la extranjera en descenso.

El Gobierno federal no ha invertido; ha destinado miles de millones de pesos a programas sociales que le aseguran una clientela electoral en perjuicio de la economía nacional.

Los empresarios pidieron ayer al Presidente “certeza jurídica’’, es decir, que no haya cambio de señales como ha sido la costumbre en estos casi siete meses de Gobierno.

No les falta razón.

Desde la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco, los empresarios nacionales han visto también la cancelación de las rondas petroleras y las subastas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que al término de la administración pasada comprometían para el país inversiones por 180 mil millones de dólares.

Sin certeza jurídica, sin mapa, sin hoja de ruta, da lo mismo comprometer 32 mil que 60 mil millones de dólares.

A ver si es cierto.

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Desde la noche del miércoles comenzó a circular la versión de que la Procuraduría General de Justicia del DF realizaba un operativo para detener al o los probables responsables del asesinato del universitario Norberto Ronquillo.

Se dio a conocer en los noticieros de televisión y de radio; los periódicos amanecieron con esa nota en sus primeras planas.

No fue así.

La Procuraduría informó ayer por la mañana que se trató de un operativo para detener vendedores de droga.

La pregunta es por qué la dependencia dejó correr la versión casi 10 horas hasta la emisión de su boletín aclaratorio.

¿Por qué alentar la confusión?

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Como estaba cantado, Alejandro Moreno solicitó licencia al Congreso local para separarse del cargo de gobernador de Campeche.

Moreno busca la presidencia nacional del PRI, y se prepara para competir en contra de Ivonne Ortega, Ulises Ruiz y José Narro.

La elección del nuevo presidente del PRI será el 11 de agosto; el registro para los aspirantes será el 22 de junio de este mes y las campañas arrancarán el 26 de junio y concluirán el 9 de agosto.

Donde se pone interesante el asunto es en el tema del financiamiento.

De acuerdo a la convocatoria, los candidatos tendrán para gastar en sus campañas 1% de los recursos que recibió el PRI para la elección federal de 2018, que fueron mil 689 millones de pesos.

Es decir, 16 millones 890 mil pesos.

Es por la austeridad.