El secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo Hernández, un estudiante de 22 años, es una muestra más de la violencia y la impunidad que permean en la Ciudad de México desde hace varios meses, consideró Alejandro Hope, especialista en seguridad, en una entrevista con 24 HORAS.
Hope destacó que en este caso, en el que la familia manifestó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local que no quería que participara en la negociación con los secuestradores, habla de una desconfianza estructural de la población para con las autoridades; incluso toca un problema más de fondo, en donde las denuncias no se hacen en tiempo y la autoridad tampoco interviene a tiempo.
El especialista recomendó fortalecer las unidades contra el secuestro, reducir los tiempos de denuncia y fortalecer al equipo de negociadores de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS).
Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, destacó en entrevista con este diario que la muerte del joven Norberto es resultado de la negligencia e improvisación de las políticas públicas.
El martes pasado, Norberto salió de la Universidad Pedregal a las 21:32. Nueve minutos después, a las 21:41, comenzaron las llamadas para exigir un rescate. Quien las hizo utilizó el teléfono del propio Norberto.
Su secuestrador le exigió a la familia, entre amenazas y gritos, el pago de 5 millones de pesos para no matar al joven, de 22 años, pese a esto la tía de Norberto negoció entregar menos dinero, tomando en cuenta las alhajas de la familia. Al día siguiente, los plagiarios detallaron instrucciones de cómo entregar el dinero, a las 15:00 horas del 5 de junio, en la colonia Cafetales, supuestamente frente a un autolavado.
Posteriormente, el primo de Norberto manejó a Canal de Chalco, donde supuestamente sería liberado su primo, sin embargo, esperó desde las 16:00 hasta las 19:00 horas del miércoles, pero Norberto nunca llegó.
Frase
“Esto que pasó es absolutamente responsabilidad del Gobierno, por haber desmantelado una Coordinación Nacional Antisecuestro, por recortar los recursos para las procuradurías y fiscalías locales”
Francisco Rivas
Director del Observatorio Ciudadano
LEG