El proyecto de la refinería de Dos Bocas se perfila con métodos torcidos. Hasta ahora impulsan una obra al margen de la ley sin estudios de impacto y riesgo ambiental. Y no se conoce el proyecto Ejecutivo, el cual los expertos señalan que es la plataforma indispensable para después realizar dichos estudios ambientales.

El mensaje que envía el Gobierno federal a la sociedad es totalmente de abuso de poder y de violentar el Estado de Derecho, pues primero inician los trabajos de construcción y después buscarán cumplir con todos los requisitos que marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, con enjundia anunció que la obra arrancaba este 2 de junio, pero sin haber promovido Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la futura refinería y, obviamente, tampoco puso a consideración el proyecto de la refinería de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (el cual la normatividad indica que debe publicarse en la Gaceta Ecológica de la Semarnat para conocimiento de la opinión pública).

La opacidad, la irregularidad y hasta lo irracional envuelven a este proyecto, del cual nos dicen los expertos en energía, biólogos, urbanistas y ambientalistas que tal refinería tiene poca viabilidad por las inundaciones y por los ciclones y huracanes. El estudio de Impacto Ambiental debería haber contemplado escenarios de posibles inundaciones por el cambio climático y la vulnerabilidad de la obra ante los fenómenos de ciclones y huracanes.

Además, en el polígono de obra se destruyeron 300 hectáreas de manglar, y junto con éste, toda la fauna del manglar (el cual los biólogos nos dicen que es un ecosistema que brinda diversos servicios ambientales y que integra un biodiversidad de moluscos, plantas, aves y diversas especies de animales).

Donde se localizará la refinería está muy cerca de los Pantanos de Centla y de la Reserva Ecológica Río Playa. Los expertos han señalado que seguramente hay cocodrilos, manatíes, tortuga blanca (Dermatemys mawii), muy amenazada, entre otras especies en riesgo de extinción.

Se deberia evaluar el impacto en la fauna y flora silvestres, especialmente en especies clave, endémicas y en peligro de extinción. De eso no se habla; sólo el discurso oficial gira en torno a que la refinería se terminará en tres años, creará 100 mil empleos directos e indirectos y tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo tipo Maya de 22 grados API.

De acuerdo a la ley en la materia, destruir un manglar está prohibido y podría haber sido motivo para suspender la obra. Y dado que se van a manejar sustancias peligrosas, el Estudio de Riesgo Ambiental debería haberse hecho. Tanto la MIA como este último estudio se requieren, según los expertos, por lo menos de seis meses a un año para realizar dichos trabajos.

No cabe duda que hacer una obra de esta magnitud sin contar con los referidos estudios seguramente contraviene acuerdos internacionales que México ha firmado para conservar la biodiversidad. Los expertos en derecho ambiental nos podrán decir si es posible que esta gran irregularidad sea sancionable.

Es de conocimiento público que la Semarnat sólo autorizó el proyecto de ampliación del Puerto Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para aumentar el volumen y profundidad de dragado, pero no tienen ninguna autorización para la construcción de una refinería.

Las señales que vemos hasta ahora por parte del Gobierno federal son de abuso, de autoritarismo y de no acatar las leyes ambientales.

Tal parece que el nuevo paradigma para las megaobras será: primero construya y después ajuste la ley a sus intereses, sin importar los daños a los ecosistemas y al costo económico que sea.

Señores legisladores, autoridades ambientales, expertos y académicos, ahí está un reto a resolver, pero a favor de México, no del autoritarismo.

LEG