Zacatecas es una potencia mundial minera; además de la plata, tiene la mayor mina de oro del continente (concesionada a una empresa canadiense).

Aunque durante más de 500 años la región ha dado riqueza al mundo, más de la mitad de los zacatecanos continúan viviendo en la pobreza.

Esa pobreza es ocasionada por la corrupción que permite que las empresas mineras no paguen impuestos o que los pocos que pagan se inviertan mal y que algunos líderes corruptos se aprovechen de la situación.

Según el Centro de Análisis e Investigación Fundar, de 2006 a 2015, las empresas mineras pagaron 22 mil millones en impuestos en el país. Sin embargo, se estima que tuvieron utilidades de dos billones de pesos en el mismo periodo, es decir, pagaron menos de 2% de sus ingresos en impuestos.

Los Gobiernos del PRI y del PAN les permitieron consolidar sus impuestos, deducir, obtener estímulos o incluso condonar sus deudas fiscales. Pero la tragedia minera de mi pueblo no termina con la baja recaudación. Los pocos impuestos recaudados por esta actividad se han perdido en proyectos como el “fondo minero”, que en la mayoría de los casos sólo ha servido para remodelar kioscos, darle obra a los constructores consentidos y que alcaldes y gobernadores reciban diezmos y prebendas.

En medio de tanta podredumbre nunca faltan los “líderes sociales” que aprovechan este clima de injusticias para organizar a los ciudadanos, alentar el conflicto y terminar cobrando extorsiones que las mineras pagan para seguir trabajando, hasta que estos pagos son tan altos e incosteables, que los conflictos finalmente estallan.

En Zacatecas, la mina Peñasquito ha entrado en crisis por el bloqueo que mantienen ejidatarios afectados por la actividad minera. La empresa se ha levantado de la mesa de negociaciones, acusando a los líderes inconformes de pedir 442 millones de dólares para permitir el funcionamiento de la mina.

Es doloroso decirlo, porque el principal acusado de esas extorsiones es mi compañero en el Senado, José Narro, quien encabeza las protestas y ha mantenido negociaciones por varios años con la empresa minera.

Con este bloqueo estamos peor que nunca, porque las afectaciones de la mina a las comunidades siguen ahí, la actividad económica se ha detenido, miles de trabajadores mineros han dejado de recibir sus salarios y, como siempre sucede, los más perjudicados son los más humildes.

Justo por esta situación le reitero al compañero José Narro mi llamado para que ponga a Zacatecas por encima de cualquier interés personal.

Debemos buscar el desarrollo de Zacatecas, y el único camino es la legalidad.

En los próximos días voy a presentar una iniciativa en el Senado de la República para expedir la Ley de Desarrollo Justo y Sustentable de las Comunidades Mineras, para que las minas, los habitantes de las comunidades y el Gobierno participen en una estrategia general con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los habitantes de estas regiones, con beneficios directos a la gente, sin intermediarios y sin extorsiones.
Somos un país rico en recursos naturales, y eliminando la corrupción lograremos el desarrollo de nuestro pueblo.

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