La educación puede ser un motor muy potente para el desarrollo. Sabemos, por ejemplo, que un año extra de educación o la conclusión de un nivel educativo superior tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso de las personas. Lamentablemente, la rentabilidad de la educación no ha sido suficiente en México para asegurar que las niñas y los niños que ingresan a primaria avancen hasta la universidad.

La educación es una inversión a largo plazo; poder sostenerla y esperar sus réditos es algo que no todas las familias mexicanas pueden hacer, y es frecuente que sus integrantes tengan que abandonar la escuela para producir un ingreso inmediato que les permita subsistir.

Con esto en mente, uno de los ejes rectores de la nueva reforma educativa —declarada constitucional ayer, 15 de mayo— es garantizar que la educación sea equitativa e inclusiva. El primer elemento para lograrlo tiene que ver con acciones que mejoren la educación dentro de las aulas.

El Estado debe asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad, brindando las condiciones necesarias para que nadie tenga que abandonar el sistema educativo contra su voluntad.

Resulta también fundamental empatar la oferta educativa con la demanda laboral. En México ya existen metodologías innovadoras que buscan lograrlo, al generar un vínculo directo entre el conocimiento adquirido y el contexto inmediato en el que viven los estudiantes, para garantizar que quienes se logren graduar puedan contar con un trabajo redituable, que al mismo tiempo favorezca el desarrollo regional.

Un segundo elemento es el diseño de políticas que permitan llevar la educación más allá de las aulas, para incidir positivamente en el entorno familiar inmediato de los estudiantes, especialmente en el de quienes pertenecen a familias con menos recursos.

Está comprobado que, aunque todas las escuelas tuvieran la misma calidad, la desigualdad en los entornos familiares tendría un peso preponderante en el futuro académico de alumnas y alumnos. Por esta razón, el Estado debe promover que tengan opciones para seguir aprendiendo fuera de las aulas.

Este tipo de estrategias permite que los estudiantes dediquen más horas a su aprendizaje, alejándose de comportamientos nocivos que repercuten negativamente en su futuro. Esfuerzos de esta índole ya se están llevando a cabo en estados como Oaxaca, en donde su aplicación está empezando a rendir frutos significativos.

Es necesario mejorar integralmente la educación en nuestro país, pero las acciones planteadas en la reforma en favor de una educación equitativa y de calidad en las aulas tendrán efectos muy positivos tanto en el terreno individual, como en el plano nacional. Los siguientes pasos son también claros: es preciso avanzar hacia modelos educativos aún más incluyentes que nos permitan emparejar el campo para asegurar una verdadera igualdad de oportunidades.

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