Los programas de desarme voluntario son una buena herramienta para retirar armas de las manos de gente que no sabe qué hacer con ellas; sin embargo, es necesaria una cultura de prevención y un mayor control fronterizo para impedir la llegada de armamento ilegal a nuestro país, manifestó Cristian Jiménez, especialista y director de la empresa de instrucción de tiro deportivo y legítima defensa Ludus PMC.

En una entrevista con 24 HORAS, Jiménez manifestó que los programas de desarme voluntario que realiza la Ciudad de México “son una muy buena herramienta para quitarle a la gente cosas que les dejó el abuelo; por ejemplo, en los módulos de desarme voluntario sale la pistola del bisabuelo, que evidentemente el bisnieto no sabe qué hacer con ella; no está enterado que la puede tener de manera legal”.

Manifestó que “para la gente que hereda estas armas que eran del abuelo o del bisabuelito, pues evidentemente el arma que se queda ahí es un problema y la solución inmediata es llevarla al programa de desarme (…), o de repente te encuentras la granada o el AR-15 que va a entregar la mamá del hijo que estaba en la delincuencia organizada y que ya está en la cárcel, y que ahí dejó abandonada”.

En cuanto a la portación de armas ilegalmente, manifestó que aumentar las penas, desde su perspectiva, no es una solución, pues “sean de uso exclusivo (de las Fuerzas Armadas) o no, la gente que quiera usar armas para delinquir las va a seguir usando”.

“La penas no me parece que sean un aliciente para reducir el tráfico de armas, las penas ya son grandes y el tráfico de armas sigue siendo exactamente el mismo (…). El tema de que te agarren con un arma prohibida, clasificada de uso exclusivo, sin licencia y sin registro, te va a garantizar irte a la cárcel de 10 a 25 años”, afirmó.

Manifestó que la ciudadanía tiene el derecho a poseer armas en su propiedad, aunque lo ideal es que “estén capacitados para usarlas y estén evidentemente filtrados a través de un institución gubernamental para asegurarnos que tengan la capacidad psicológica y emocional para hacerse responsables de herramientas como ésas”.

Cabe recordar que, en días recientes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero, se manifestaron a favor de un desarme integral a escala nacional.

El sábado, el Gobierno de la Ciudad de México informó que, en 14 semanas de operación, se han recuperado dos mil 29 armas, de las cuales mil 659 son armas cortas, 253 largas y 117 granadas; además se destruyeron 739 mil cartuchos y seis cartuchos de dinamita.

Cifra

690 armas recuperadas en Coyoacán en 14 semanas, la cifra más alta del programa de desarme

 

Crean fiscalía para investigar feminicidios

Por: Marco Fragoso

El Gobierno de la Ciudad de México anunció ayer la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, la cual estará encargada de investigar los asesinatos de mujeres en la capital del país.

La titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Ernestina Godoy, aseguró que la nueva fiscalía contará con elementos capacitados en la materia, y que actualmente se analizan perfiles para encabezarla.

El jefe de la Policía, Jesús Orta Martínez, afirmó que trabajarán de manera continua para que los agentes capitalinos estén debidamente capacitados y así se eviten violaciones a los derechos humanos en este tipo de casos.

“La PolicÍa tendrá una tarea fundamental como primer correspondiente”, manifestó el secretario.

Por su parte la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, indicó que esta fiscalía evitará que las familias sufran un “viacrucis” al querer denunciar un delito contra la mujer.

En el evento, la madre de Lesvy, la estudiante asesinada hace dos años en Ciudad Universitaria, quien participó como testigo social de la creación de esta fiscalía, afirmó que la dependencia debe cumplir con ciertos puntos para operar con fuerza.

Señaló la necesidad de capacitación permanente, garantías laborales adecuadas, y mecanismos accesibles para denunciar la negligencia de funcionarios.

Así como un área especifica dentro de la fiscalía para procesar la información.