En su comparecencia en el Senado el pasado 25 de abril, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ofreció un panorama desolador de la situación en que se encuentra la fuerza policiaca municipal.
Lo grave es que ni siquiera merece ser llamada fuerza policiaca. Los datos de Durazo fueron contundentes: de los dos mil 458 municipios, sólo mil 800 tienen cuerpos de seguridad; es decir, 26.7% de los municipios no tienen policías, una cuarta parte.
Y el asunto es más grave por el descuido de la estrategia de seguridad de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. La mitad de los mil 800 tiene más de 20 elementos, y de ellos sólo 40% está capacitado.
Estos datos explican por qué los grupos criminales se mueven en los municipios como en su casa: rebasan a las Policías, se aprovechan de la falta de preparación, explotan la mala paga y disfrutan la falta de capacitación.
La importancia radica en que toda estrategia de seguridad debe de moverse de lo municipal a lo federal. Y que falta no sólo un debate sobre la Policía municipal, sino una reorganización total: nuevos elementos, más personal, mejores salarios, controles estrictos de confianza, capacitación permanente y sobre todo atención permanente.
En el país existen aproximadamente 300 mil policías municipales, a una media de 122 policías por municipio y 40 si se asumen tres turnos de trabajo de ocho horas.
Estos datos explican, en un caso concreto, por qué los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación cuentan con tantas libertades en los municipios y por qué ha sido fácil que los delincuentes compren a las autoridades municipales.
Lo malo, sin embargo, es que poner orden en las Policías municipales requerirá enormes sumas de presupuesto para limpiar delegaciones y contratar mejor personal. Pero con voluntad puede iniciarse una reorganización policial municipal.
La estrategia nacional no dará resultados si no se atiende la crisis municipal de seguridad.
Zona Zero
La urgencia por imponer la marca Guardia Nacional aprovechando la crisis de Minatitlán obligó al Gobierno federal a usar a militares con un gafete de la GN en el brazo. Fue, además, una forma de presionar al Congreso para apresurar las leyes reglamentarias de la Guardia que están retrasando su operación.
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