El sector patronal quiere que la reforma laboral, aprobada por la Cámara de Diputados y cuyo análisis se alista en el Senado, elimine el voto directo de los trabajadores para elegir a sus líderes sindicales, e incluya hasta cuatro años de cárcel para trabajadores que realicen paros ilegales, realicen bloqueos en fábricas o tomen vehículos de la empresa.

Además, plantean que los sindicalizados puedan designar a una delegación o comité para negociar contratos colectivos, y con ello, se elimine la participación de todos los agremiados en esos acuerdos mediante voto directo y secreto.

En vísperas de que la cámara alta discuta la reforma laboral, que incluye la transparencia y democracia sindical, con lo cual, se cumplen las exigencias del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, el sector patronal publicó un documento con recomendaciones para modificar lo aprobado en la Cámara de Diputados.

Para que los trabajadores ejerzan su derecho de huelga, se debe cumplir con un procedimiento vigilado por la autoridades, que va de una prehuelga, un emplazamiento y una huelga declarada.

El sector patronal propone que a quienes “provoquen, fuera del procedimiento de huelga, paros, cierre de accesos, detención de vehículos u otras, que afecten o pongan en riesgo las actividades productivas, las finanzas de las empresas, o la estabilidad de los trabajadores, se les impondrá pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de 125 a mil 900 unidades de medida y Actualización Vigentes”.

La justificación de los empresarios es que se proteja el Estado de Derecho en las fuentes de trabajo y se sancionen prácticas ilegales realzadas por los sindicatos, sus representantes o por personas ajenas (…) el no contemplar sanciones provoca que los centros de trabajo queden en estado de indefensión”.

Otro de sus puntos es eliminar el voto directo de los sindicalizados como única opción para elegir a sus líderes y para la revisión de los contratos colectivos de trabajo cada dos años.

Su idea es que los agremiados cuenten con otras opciones de sufragio indirecto, como la elección por delegados o asambleas; y en el caso de las negociaciones de contratos, abrir la posibilidad a que los trabajadores elijan a un comité sindical y sea éste el que negocie en su nombre.

En la Reforma Laboral, explican, “existen planteamientos que pueden generar altos impactos en los trabajadores, en la productividad de las empresas, en los procesos judiciales, y sobretodo, en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% del mercado laboral”.