En el marco del centenario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala informaron que un juez federal de Puebla, ordenó al Gobierno de México una suspensión de plano para que en un plazo de 24 horas determine las medidas de seguridad necesarias ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl y su interacción con el gasoducto Morelos –que alimenta a la termoeléctrica de Huexca– zona de riesgo del volcán.

Juan Carlos Flores, abogado del Frente, explicó que el Gobierno debe señalar si cuenta con un plan de contingencia para mitigar los efectos que podría provocar el incremento de la actividad volcánica con la operatividad del gasoducto, ya que pone en riesgo a los 60 pueblos de Morelos y Tlaxcala.

“Esta suspensión se otorga porque el juez consideró a bien que peligra la vida de las personas por el gasoducto con motivo del incremento de la actividad del volcán y de que no existe un plan de contingencia, así como estudios de qué sucedería en caso de un mayor evento eruptivo, lo que el juez ordena es que las autoridades responsables, el Presidente de la República tiene que decir cuáles son las medidas que ellos tienen de mitigación en caso de que el Popocatépetl incremente su actividad y que pasaría con el gasoducto”, consideró.

Recordó que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), desde agosto de 2011, emitió una nota técnica dirigida a la Comisión Reguladora de Energía donde señalaba que la instalación del Gasoducto Morelos ponía en mayor peligro a las comunidades nahuas del volcán y señaló que el trazo es inviable en 23 km al sur del cráter.

Así como diversos puntos que se encuentran en zona de lahares, resaltó que, desde entonces el gasoducto, sin cumplir con las recomendaciones del Cenpared, se instaló con uso de la fuerza pública.

Señaló que las autoridades de protección civil deben manifestar en medios de comunicación la existencia del gasoducto que cruza las rutas de evacuación del volcán y debe decir a las comunidades qué hacer en caso de emergencia.

Refirió que de no cumplir la autoridad con establecer estas medidas de mitigación en 24 horas, a partir de su legal notificación, los funcionarios responsables podrán ser acreedores a las penas que establece el artículo 262 de la Ley de Amparo, que señala de tres a nueve años de prisión, destitución o inhabilitación del cargo.

El litigante manifestó que esta suspensión demuestra que no existen medidas de protección reales para las comunidades en caso del funcionamiento del Proyecto Integral Morelos y que la medida otorgada por el juez federal no es suficiente, pues ante el vacío técnico y legal de las medidas de seguridad necesarias, debió ordenar la suspensión de cualquier actividad que implique el transporte de gas natural en la zona de riesgo.
Jaime Domínguez, integrante del Frente, dijo que se consideran descendientes de Emiliano Zapata

“Nos consideramos herederos de la lucha de Zapata”.

Entre críticas recuerdan al caudillo

Por: Jorge X. López

Durante la sesión solemne en la Cámara de Diputados para conmemorar el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, los legisladores se enfrascaron en señalamientos en torno al funcionamiento de la termoeléctrica en Morelos y al ejercicio del poder del Presidente y su partido.

El diputado Raymundo García (PRD) dijo que el Gobierno actual se encamina por la misma ruta de despojo de tierras, “pues el Proyecto Integral Morelos –con dos termoeléctricas, gasoductos y acueductos en la tierra de Zapata– expropia tierra y vida a nahuas de Morelos, Puebla y Tlaxcala”.

Lo mismo pretende hacer –continuó– con los mayas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como con los zapotecas y mixtecos del Istmo de Tehuantepec para beneficiar a empresas turísticas y agroindustriales transnacionales.

Eduardo Zarzosa (PRI) expresó que, en este año, “que tan pomposamente lo aprobamos como el Año del Caudillo del Sur, propusieron un recorte de más de 20 mil millones de pesos al campo, y fue por la lucha de algunos grupos parlamentarios y de las organizaciones campesinas que se lograron reasignar 8 mil millones de pesos”.

“Aquí se subieron a decir que Zapata está con el Gobierno actual. No, no se equivoquen. Primero vayan a convencer a sus familiares para que los acompañen a sus eventos, porque el mismo familiar de Zapata nos dijo: Nos traicionaron porque en campaña nos dijeron que terminarían con el proyecto de la termoeléctrica y ahí sigue”.

La diputada Olegaria Carrazco (Morena) aseveró que la termoeléctrica se hizo en otra administración.

 

LEG