Foto: Archivo 24 Horas El Senado y la Comisión permanente incumplieron con su obligación inconstitucional  

El Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa resolvió un amparo que obliga al Senado de la República a cumplir con el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción.

 

Dicho proceso, se encuentra en la congeladora desde 2017, cuando los legisladores ni siquiera verificaron la idoneidad de los perfiles que se presentaron por parte de la gestión de Enrique Peña Nieto.

 

En sesión pública y por decisión unánime –bajo la ponencia del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo–, se confirmó la sentencia de amparo al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que interpuso en contra del Senado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Presidente de la República.

 

“El Comité está legitimado en el juicio de amparo, porque se trata de una institución de la sociedad civil prevista en el Sistema Nacional Anticorrupción. Reconocida en el artículo 113 de la Constitución, cuyo objetivo primordial es coadyuvar, dar seguimiento al funcionamiento del Sistema y constituirse como garante de éste en beneficio de la sociedad mexicana”.

 

El órgano jurídico indicó, en un comunicado de prensa, que al no ratificar o rechazar los 18 nombramientos, así como al no transparentar o justificar el perfil de dichas personas, el Senado y la Comisión permanente incumplieron con su obligación inconstitucional.

 

“El Senado o en su caso la Comisión Permanente deberán ratificar a los especialistas a que resuelvan las sanciones aplicables a servidores públicos o particulares que comentan faltas administrativas graves como peculado, cohecho, desvío de recursos y enriquecimiento oculto”, refiere el documento.

 

MÁS MINISTROS

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, propuso la creación de una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se integrará por cinco nuevos ministros, por lo que el número de éstos pasaría de 11 a 16. Se explicó que en dicha área se tratarían temas exclusivos de responsabilidad administrativa y delitos que tengan por origen hechos o actos de corrupción.

 

DAMG