Un tribunal de Colombia ordenó el martes el embargo del tesoro del galeón español San José en medio de un litigio con la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA) que reclama haberlo encontrado en el Mar Caribe y reclama un 50% de los bienes que contiene el navío.
SSA asegura que encontró en 1982, frente a las costas de la histórica ciudad de Cartagena, los restos de la embarcación y su contenido por lo que reclama la mitad de la propiedad, pero Colombia asegura que no existe ningún vestigio de naufragio en las coordenadas reportadas por la empresa.
El hallazgo del San José, buque de guerra del imperio español hundido por piratas ingleses en 1708 con un cargamento de oro, plata y esmeraldas que ascendería a varios miles de millones de dólares, fue reportado el 27 de noviembre de 2015 por el Gobierno de Colombia en un espacio marítimo diferente.
La decisión del Tribunal Superior de Barranquilla revocó una decisión judicial de 2017 y dejó en firme una de 1994 que había ordenado el embargo del tesoro.
Colombia insiste en que al no existir ningún naufragio en las coordenadas reportadas, SSA no tiene derecho a reclamar parte de la propiedad, como lo determinó la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano en 2007.
El hallazgo del galeón desató un litio con la empresa y entre estados. España defiende la propiedad de la embarcación, argumentando que es un buque de guerra con pabellón de Estado y con inmunidad soberana bajo la convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar, que Colombia no integra.
Además, el gobierno español asegura que se trata de una tumba marina en la que yacen los restos de 570 connacionales, y que de acuerdo con otra convención de Naciones Unidas deben respetarse, pero Colombia tampoco ha suscrito ese pacto. Los dos países no han logrado un acuerdo sobre la propiedad del galeón.
“Colombia mantendrá en la más absoluta reserva las coordenadas donde se encuentra el naufragio y no cederá frente a las estrategias que buscan la revelación de esta valiosa información”, dijo a periodistas la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, luego de conocer la decisión del tribunal.
jhs