Mtra. Ruth Zavaleta Salgado

En el 2005, cuando era jefa delegacional de Venustiano Carranza, enfrenté una crisis vecinal por falta de suministro de agua. Más de 600 personas cerraron durante varias horas la avenida Zaragoza causando un gran caos vial y lo que de ello se deriva. Llevamos 15 días sin poder dotar del vital líquido a más de 14 colonias aledañas al Aeropuerto. Eran más de las cinco de la tarde cuando logramos conseguir 20 pipas de agua y me fui al punto de cierre a tratar de negociar con las personas para que se retiraran. Con la seguridad de que, en pocos minutos, podría repartir las pipas a las colonias más afectadas, llegué con los enardecidos vecinos e improvisé hablar con ellos mediante un micrófono de una patrulla que estaba en el lugar.

Les estaba explicando que ya iban a llegar las pipas cuando vi que éstas se pasaban de largo y no se pararon. Uno de mis colaboradores me informó que no se iban a regresar y que no habría repartición porque el dueño de las pipas tenía miedo de que los vecinos las secuestraran. Concluí la tarde huyendo bajo una lluvia de jitomates (tenía buena condición y pude correr más que los enojados vecinos). Cabe mencionar que los presupuestos de inversión para abastecer de agua potable eran y siguen siendo ejercidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

En esa ocasión, los responsables del organismo no supieron o no quisieron decirnos por qué no había agua. En el preámbulo de las elecciones, alguien especuló que las válvulas habían sido manipuladas. Nunca pude comprobarlo pero tampoco pudimos encontrar la falla para regresar el suministro de agua, por lo que se tuvo que hacer uso del agua de un pozo de emergencia.

Años después, ante la denuncia del uso político que se hacía de la repartición de pipas de agua en etapas preelectorales, la Ley de Aguas del Distrito Federal publicada el 27 de mayo del 2003 que establece que toda persona tiene derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua para su uso personal y doméstico, tuvo que ser reformada (23 de marzo de 2015) para mandatar que el suministro debe ser libre de interferencias e incluso la autoridad tiene que garantizar de forma gratuita si hiciera falta.

Hoy que es Día Mundial del Agua, cabe recordar que desde 2012 fue reformado el artículo cuarto de nuestra Constitución para establecer que el suministro de agua potable es un derecho humano y que el Estado tiene que garantizarlo. En concordancia, también la nueva Constitución de la Ciudad de México (publicada el 5 de febrero de 2017), establece en el artículo 16, inciso B, la gestión sustentable del agua y la obligatoriedad para que las autoridades garanticen la disposición y distribución diaria del vital líquido.

Haciendo un recuento de las alcaldías que padecen de escasez de agua potable durante los últimos meses, podemos saber que más del 60% de la población es afectada y, que además, las personas que viven en esos lugares son los más pobres de la Ciudad de México. Las preguntas obligadas que surgen son: ¿qué va a hacer la nueva jefa de Gobierno al respecto? ¿Qué herramientas y políticas públicas se están impulsando para garantizar este derecho? Una rápida ojeada a los presupuestos que se han destinado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, desde 1998 hasta 2018 que ha gobernado la izquierda, nos hacen pensar que el tema no ha sido prioritario.

A pesar de que hay un gran abismo entre los tres millones 246 mil 462 pesos de 1998 con los que inició su gobierno el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a los 13,617,048,234 con los que cerró Miguel Ángel Mancera en el 2018, hay datos que son demoledores. Por ejemplo, el hecho de que en el 2017 el sistema de aguas tuvo un presupuesto de 12 mil 625 millones contra 25 mil 236 millones del programa denominado Efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Es decir, gastamos el doble en cuidar que los funcionarios no abusen de sus cargos que en garantizar el derecho al agua en la ciudad.