A casi 30 días de la instalación del plantón frente a las instalaciones de Palacio Nacional por parte de 320 personas desplazadas provenientes del estado de Guerrero, éstas no han logrado entablar una audiencia con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que alrededor de 90 niños y 40 jóvenes, así como mujeres y adultos mayores, continúan viviendo a las afueras del recinto al interior de casas de campaña.

A causa de disputas por el territorio en la entidad, familias enteras han tenido que abandonar sus hogares para uso de mineras y violencia generalizada por grupos que, acusan, son del Gobierno o de la delincuencia organizada.

 

En total, mil 600 personas de las comunidades de Leonardo Bravo, Zitlala, Apaxtla, Cocula, Teloloapan y Tlacotepec se han visto obligados a salir sus hogares en busca de ayuda humanitaria.

 

En entrevista para 24 HORAS, David Barragán López, coordinador de las familias de Zitlala, dijo que el Gobierno de la Ciudad de México no les ha apoyado con ningún recurso o servicio para facilitar sus necesidades básicas, tales como agua o alimentos, las cuales son facilitadas por organizaciones civiles.

 

Señaló que las personas deben pagar una renta de 2 mil 500 pesos diarios para usar las letrinas portátiles.

 

Pese a que han sido atendidos por Alejandro Encinas y la coordinación Ciudadana, esperan que el Presidente de la República atienda sus demandas de reubicación territorial, con el disfrute de sus derechos, tales como: escuela, salud, vivienda y agua potable.

 

Por su parte, Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dijo que elaboraron un planteamiento de atención para las más de 300 personas.

“La gente de Gobierno no nos ha presentado una propuesta, tuvimos que hacerlo y tenemos algunos obstáculos, resistencias en cuanto a la exigencia que, mientras se preparan las condiciones del retorno de las familias a sus comunidades, se les garantice condiciones dignas, como el pago de una vivienda, que les asignen un apoyo para la despensa mensual”, refirió Olivares en una entrevista con 24 HORAS.

Explicó que sostienen reuniones con Neftalí Granados, integrante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, “pero  no hay una idea de cuánto tiempo van a tardar para aplicar la estrategia y el retorno de las familias a sus comunidades, mientras que para los de Zitlala requieren ser reubicados”.