Tras la revisión de la Nota Soberana de México y su ajuste en la perspectiva a “negativa”, la calificadora crediticia S&P hizo un efecto cadena al ajustar la perspectiva a “negativa” de Pemex, CFE, Amx, Femsa, Liverpool, 77 instituciones financieras entre bancos, aseguradoras, casas de bolsa, arrendadoras, principalmente.

La actual calificación en BBB+ significa una “adecuada calidad crediticia y capacidad de pago” de su deuda. Como se mencionó en la portada de 24 HORAS del martes, S&P sacó una tarjeta amarilla en la que hace un llamado a vigilar aspectos del Gobierno federal como la deuda pública y los programas sociales ante una expectativa muy clara de un bajo crecimiento económico en este 2019 para nuestro país.

Nos da un tiempo de hasta 18 meses (año y medio como máximo) para vigilar y cuidar estas variables macroeconómicas, así como la estructura financiera y operativa de Pemex y de la CFE, que mantienen pérdidas netas y una necesidad urgente de mejorar el flujo de efectivo para hacer frente a las necesidades de pago por servicio de deuda, así como de los vencimientos en 2019 y 2020 de inicio.

Queda claro que el apoyo al Programa de Fortalecimiento Fiscal para Pemex por parte del Gobierno federal por un equivalente a cinco mil 600 millones de dólares es insuficiente, pues necesita recursos de entre 12 y hasta 19 mil millones de dólares.

Sin embargo, ante una expectativa de bajo crecimiento para la economía en este año, el escenario de recaudación futura, es decir, desde el segundo semestre del año y para 2020, pudiera ser limitado, lo que pone en riesgo un deterioro gradual en las finanzas públicas, si el gasto federal no se ajusta al ingreso.

El manejo por el lado de inversionistas ha incrementado la incertidumbre del rumbo del país ante un bajo crecimiento de la economía. A nivel Pemex, las actividades de corrupción y caídas en sus volúmenes de producción diaria de crudo generarán menores ingresos tanto para la propia paraestatal como para el Gobierno federal.

Es hora de que el Gobierno reconozca el momento difícil que atraviesa la economía con una baja inversión privada, un consumo en desaceleración y un posible intercambio comercial y registro de remesas familiares a menor ritmo por la desaceleración global y de la economía de Estados Unidos.

El Gobierno considera que existe un castigo al país por la política neoliberal de los últimos 30 años, en especial los últimos años y en especial el año pasado. No obstante, con una crítica con razón o sin razón, se debe actuar con prudencia de aquí en adelante, y hoy, el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador tiene la decisión de tomar acciones que frenen los riesgos de un deterioro en las variables macroeconómicas.

¿Y qué sigue?

Las empresas y bancos privados tendrán que fortalecer más su estructura financiera para evitar un deterioro en caso de que se ajuste posteriormente la calificación crediticia de nuestro país.

Por el lado de empresas y bancos ligados al Estado, deberán también cuidar su gasto, mejorar sus procesos operativos y que sus inversiones sean productivas para que apoyen el gasto público de manera más eficiente.

El riesgo está en un aumento en la prima de riesgo por el pago por servicio de deuda, especialmente para Pemex y la CFE, cuyas estructuras financieras están débiles.