A casi 40 años de la existencia de la llamada “Ciudad perdida” de Tacubaya, ésta podría desaparecer en los próximos meses, luego de que el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentó el jueves pasado un proyecto al Gobierno de la Ciudad de México para instalar en ese lugar conjuntos habitacionales del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México.

Actualmente, el grupo de casas que conforman la Ciudad perdida abarcan una manzana completa, formando una especie de vecindad entre las calles Becerra, Mártires de Tacubaya, Héroes de la Intervención y Once de Abril, la cual ha sido señalada por vecinos y por las mismas autoridades como un refugio para los delincuentes de la zona.

En una entrevista con este diario, el alcalde Romo afirmó que presentó el plan de vivienda a la mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una vez que se certificó que el terreno es propiedad del Gobierno capitalino.

Destacó que su equipo de trabajo realizó, junto con expertos, una evaluación de la mecánica de suelo del lugar, para determinar si es viable la construcción de conjuntos habitacionales debido a la presencia de antiguas minas bajo el suelo, por lo que también se busca el financiamiento para rellenar las mismas.

Sobre los actuales habitantes de la Ciudad perdida, informó que sostuvo una reunión con algunos representantes de las más de 200 familias que se estima habitan el lugar, con el objetivo de asignarlos a proyectos de empleo y a créditos de vivienda, para que puedan adquirir inmuebles construidos por el Invi.

Denuncia Romo posible corrupción inmobiliaria

El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, y el consejero jurídico del Gobierno capitalino, Héctor Vallejos, se reunieron ayer con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para denunciar amparos sospechosos de jueces y magistrados a favor de desarrolladoras inmobiliarias.

Acompañado también por el diputado local panista Federico Döring, el alcalde Romo Guerra declaró que hay sospechas de que jueces y magistrados incurren en posibles actos de corrupción al aceptar todas las demandas de amparo promovidos por los despachos jurídicos que defienden los intereses de las constructoras, afectando el Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía.

LEG