Los órganos reguladores en México, tanto los constitucionalmente autónomos como los que no lo son, se encuentran hoy en la mira del nuevo gobierno. No debería de sorprendernos. El mismo López Obrador, desde su campaña, hizo críticas y señalamientos hacia algunas de estas instituciones (IFETEL, COFECE, INAI, INEE), los cuales han continuado y se han intensificado en las últimas semanas (CNH, CRE, nuevamente INAI). Así, sin aportar evidencia alguna, ha dicho, entre otras cosas que sus altos funcionarios tienen conflictos de interés y las ha llegado a calificar incluso de instituciones corruptas.

Pero no solo desde el Ejecutivo se ha buscado poner en entredicho a estos organismos. El propio Legislativo, ampliamente dominado por el partido en el poder, aplicó recortes a los presupuestos de la mayoría de estos órganos reguladores para el presente año, los cuales no solo han provocado, en algunos casos, el despido de personal (CRE, INEE) sino han comprometido también el cabal cumplimiento de sus mandatos (INE, INEGI). En días recientes, el Presidente del Senado, Martí Batres, también cuestionó la autonomía de algunas de estas instituciones, especialmente la de los reguladores económicos como la CRE y la CNH, aduciendo que su autonomía sólo ha servido para apoyar a consorcios privados a costa de las empresas públicas.

Queda claro que esta ofensiva es parte de esa forma centralizadora, jerárquica y unipersonal de ejercer el poder que caracteriza al Presidente López Obrador. Bajo esta perspectiva, aquellos espacios de decisión (i.e. poder) que constitucional o legalmente no le corresponden, él busca atraerlos y someterlos. Lo hemos visto en sus intentos, reconocidos por él mismo, de influir en el Poder Judicial, ya sea directamente a través de las decisiones de éste o a través del nombramiento de nuevos ministros que le sean afines. Otro claro ejemplo es la iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, la cual debilita el gobierno corporativo de la empresa (contrario al fortalecimiento que ésta requiere) e incrementa el poder del Ejecutivo sobre la empresa y, por lo tanto, la deja más expuesta a futuros vaivenes políticos. Esta pareciera ser la explicación más plausible detrás de los señalamientos a los órganos autónomos no económicos (INE, CNDH, INAI, INEE).

Existe igualmente un elemento ideológico detrás de esta ofensiva (como claramente lo muestra la postura del Presidente del Senado). No hay que olvidar que el arreglo institucional actual forma parte de un sistema de gobernanza regulatoria que tiene su origen en el proceso de apertura de nuestra economía y de nuestro sistema político en los años 1990. Es decir, es producto de la adecuación de nuestras instituciones a un modelo de economía abierta, acorde con el proceso de globalización. El objetivo era crear organismos técnicamente especializados (por ejemplo, en el sector telecomunicaciones o energía), que no estuvieran sujetos a criterios políticos (separando las decisiones políticas de las técnicas) y que permitieran generar un piso parejo y fomentar la competencia entre proveedores. Claramente, para el actual gobierno esto es sinónimo de neoliberalismo, ese monstruo imaginario que el Presidente se propuso desterrar desde su toma de posesión. De ahí la feroz ofensiva contra los reguladores económicos (CRE, CNH, IFETEL, COFECE).

En su conjunto, estos órganos representan una forma de descentralización de la toma de decisiones (por ejemplo, en la licitación de proyectos o en el otorgamiento de permisos y concesiones) y un contrapeso al Poder Ejecutivo, que no resultan del agrado de su actual titular. El problema de fondo radica en que, al debilitar y someter a estas instituciones, las nuevas autoridades están atacando a uno de los pilares más importantes del vasto y complejo sistema económico de nuestro país, con lo cual se introducen elementos de incertidumbre y se mina la confianza de los inversionistas. Tal vez en el corto plazo no haya mayores consecuencias, pero nuevamente la semilla del retroceso económico habrá quedado sembrada.

DAMG

Jorge L Velazquez Roa

Consultor internacional en materia económica, política y de políticas públicas con más de 20 años de experiencia en temas regulatorios, de competencia, comercio, finanzas públicas y buen gobierno....