La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá presentar las pruebas de los conflictos de interés que tiene el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Alcocer. Pruebas que deberán ser suficientes para que lo dicho por el propio López Obrador no se considere una difamación o, en el mejor de los casos, sólo palabras.

Y es que hay que recordar que el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a afirmar los posibles conflictos de interés, ahora por parte de García Alcocer, de quien dijo dará a conocer información detallada sobre los vínculos de este funcionario con el sector privado energético.
Ante estas declaraciones, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó que el presidente López Obrador descalifique y lance acusaciones contra sus funcionarios, así como contra los órganos reguladores.

De Hoyos ha manifestado que este tipo de declaraciones no contribuyen al desarrollo del país. Por lo que la Coparmex demandó al Ejecutivo federal que si tiene indicios o evidencia de que algún funcionario o ex funcionarios federal, estatal, municipal o del ámbito legislativo que haya incurrido en alguna ilegalidad, violando el marco normativo vigente, se actúe conforme a derecho. Y esto significa que no sólo se deberán mostrar las pruebas de conflicto de interés, sino que además se deberá presentar una denuncia con las pruebas entregadas.

Y es que no hay que olvidar que el nombramiento de los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía tiene grandes repercusiones para el sector energético de México. Por ejemplo, la firma Lenova registró en la semana una caída en el mercado, a partir de los señalamientos del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en la que afirmó que se trataba de una empresa que se ha beneficiado de los conflictos de interés en el sector energético.

Lo curioso es que dentro de estas denuncias el titular de la CFE, Manuel Bartlett, olvidó denunciar que fue el del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) quien cuenta con un contrato otorgado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, mismo que lo revivió al otorgarle como pago, centrales eléctricas e inmuebles, pero también se firmó el compromiso para comprarles electricidad por 25 años a un precio preferencial de 1.14 pesos por kilowatt-hora, que entregaría a través de la Generadora Fénix, lo que implica una severa pérdida financiera para la CFE.

Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no va a tener ninguna preferencia o privilegio en la sociedad que constituyó con Fénix-Mota Engil para explotar contratos en la Comisión Federal de Electricidad hasta por 30 años y que se respetarán los contratos, porque tendríamos que quitarlos todos. Lo cierto es que de este asunto no han presentado pruebas de que el SME vaya a quedar fuera de este asunto.

Por otra parte, habrá que estar pendiente de las organizaciones de la sociedad civil, a las cuales el gobierno de López Obrador ya advirtió que no dará mas recursos. Sin embargo, esta determinación no ha sido acompañada de pruebas de corrupción o desvío de recursos a través de dichas organizaciones. Si observamos, muchas de éstas se dedican realmente a vigilar y apoyar acciones de Gobierno.

En diversas partes del mundo, las organizaciones de la sociedad civil representan una herramienta de ayuda y crecimiento para los propios Gobiernos, pero sobre todo para las sociedades involucradas en sus proyectos.