Foto: Especial El Colegio de Arquitectos acusó que varias empresas que participan en el proceso de reconstrucción no cumplen con los requisitos de ley  

El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México manifestó su preocupación por la participación en el proceso de reconstrucción, por el sismo de septiembre de 2017, de empresas constructoras que no cumplen con los requisitos de ley y no están validadas por Cámaras ni Colegios de profesionales del sector.

En un pronunciamiento público, el organismo externó su sorpresa por la publicación, el mes pasado, de la convocatoria a empresas para participar en los “Procesos de Construcción, Rehabilitación y Supervisión de Obra de Vivienda Unifamiliar”.

Esto a pesar de que “el Gobierno local, los colegios y cámaras del sector de la construcción hemos venido acompañando el proceso desde sus orígenes en la Mesa Técnica de la Comisión para la Reconstrucción”.

Por ello,el organismo demandó “una transparente y adecuada selección de las empresas participantes, las cuales deben pasar por el filtro de Colegios y/o Cámaras a las que pertenezcan, para que la reconstrucción arroje el mejor resultado para la ciudad y sus habitantes”.

En días recientes, las autoridades capitalinas informaron que, con el objetivo de comenzar la reconstrucción masiva de los edificios dañados por el sismo, se convocó a empresas constructoras a través de una convocatoria; 891 compañías se registraron, 697 cumplieron con los requisitos mínimos para participar en el proceso de insaculación y, de ellas, resultaron seleccionadas 356.

Sin embargo, trece fueron descartadas al no cumplir con el requisito básico de presentarse en su cuadrante para participar en una asamblea informativa con los vecinos de la zona.

Por otra parte, el Colegio lamentó que la administración capitalina haya descartado la planeación y el desarrollo de proyectos ejecutivos en el proceso de reconstrucción, pues “el proyecto ejecutivo es la base primordial e insoslayable para lograr construcciones seguras, eficientes y que cumplan con el mandato constitucional de vivienda digna”.

“No considerar los proyectos ejecutivos es como decir que el diagnóstico no tiene ninguna relevancia para operar a un paciente”, se señala en el documento.

LEG