Habría sido mejor ver en las redes sociales al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dando explicaciones sobre qué hará la empresa productiva del Estado tras la degradación crediticia, que ver ese video donde andaba agachado en labores policiacas explorando túneles de los huachicoleros.

La degradación crediticia de dos escalones a la deuda de Pemex y su ubicación al borde del papel basura con la nota negativa que le dejó Fitch Ratings es un asunto de la mayor seriedad que mereció una descalificación y no una reacción correctiva.

Hubo también un mal diagnóstico en la decisión de elevar cien por ciento los salarios en la zona fronteriza sin tomar en cuenta que hay organizaciones, por ahora visibles en Matamoros, Tamaulipas, más cercanas a lo criminal que a lo sindical que tienen asfixiadas a las maquiladoras.
La falta de pericia para ejecutar estas medidas de relumbrón va a provocar una crisis industrial mayúscula en la frontera. Se van a perder empleos, se van a destruir cadenas productivas y se va a espantar más la inversión extranjera.

La renuncia al uso legítimo de la fuerza para dejar el libre paso de los trenes en Michoacán va a tener un efecto mucho más multiplicador de la desgracia empresarial, que se suma a la parálisis de una de las zonas más industrializadas del país que se dio con el desabasto de combustibles.
Ahí están algunas bombas latentes, como el posible desabasto de medicinas que han advertido desde la industria farmacéutica o el problema que implicará en el terreno de la aviación comercial la cancelación del proyecto de Texcoco por el parche de Santa Lucía.

Pero a todo esto, que puede tener mucho de una pronunciada curva de aprendizaje, se suman una mala reacción y una inadecuada respuesta desde la cúspide del poder.

En el caso de la baja en la calificación crediticia por parte de Fitch a Pemex, era mucho mejor escuchar al Jefe del Ejecutivo con un mensaje de responsabilidad financiera, tomando nota de las implicaciones que tiene la degradación de la recomendación de los papeles de deuda de Pemex, tanto en pesos como en dólares, que ver a un enojado Andrés Manuel López Obrador matando al mensajero.

Cuando el actual Presidente era jefe de Gobierno del Distrito Federal era natural que enfocara sus ataques al Gobierno federal, porque no sólo era antagonista político, sino corresponsable de la suerte de la capital del país.

Evidentemente que durante las múltiples campañas electorales la polarización y la descalificación de los contrarios fue de gran utilidad para conseguir lo que logró en el tercer intento.

Pero ya como Presidente de la República, elegir el ataque a las firmas calificadoras, que no tienen ningún interés en la política local, es una forma de perder un tiempo precioso para hacer correcciones que son urgentes.

Debe haber un cambio en la actitud del gobierno del presidente López Obrador para abordar los problemas propios del ejercicio del poder.

Al final, la popularidad presidencial no estará en riesgo ante la fidelidad de sus seguidores, pero sí la estabilidad de la economía del país.