Por Rufino H. León Tovar

La movilidad es un elemento imprescindible en la dinámica y el crecimiento de las ciudades; durante décadas la planeación del transporte y el desarrollo urbano se han centrado en mejorar las condiciones para los automóviles y no para las personas. La movilidad es un derecho humano y, consecuentemente, el Estado debe garantizar que la gente se desplace de manera segura, eficiente, cómoda, ordenada, accesible, asequible y sostenible, en un marco de legalidad y certeza.

Alcanzar esta meta requiere de la participación de las autoridades, del sector, de las universidades, de las cámaras y asociaciones, de los organismos no gubernamentales, de los expertos y académicos y en general de la sociedad civil, pero requiere sobre todo de la voluntad política y coordinación de los tres niveles de Gobierno.

El 25 de enero de 2017, en la Ciudad de México, secretarios de 10 estados, principalmente de la región centro del país, realizamos el primer Encuentro Nacional de Autoridades de Transporte, con la participación de la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Diputados, representantes de la industria armadora de vehículos de carga y pasaje, expertos e integrantes de cámaras y asociaciones vinculadas al sector, con el propósito de evaluar el impacto en el transporte de la liberación en los precios de los combustibles, tomar medidas al respecto e identificar las principales líneas de acción para modernizar el parque vehicular e impulsar la movilidad sustentable.

Derivado de esta iniciativa, en marzo del mismo año suscribimos el Pacto Nacional de Autoridades por la Movilidad Sustentable, con el fin de construir una postura común y buscar la coordinación con el Gobierno federal en acciones que concreten avances hacia una movilidad más eficiente y sustentable, bajo los principios de sostenibilidad, defensa del derecho a la movilidad, seguridad vial, equidad e inclusión, mejora en la calidad de vida, participación y cero tolerancia a la corrupción. A partir de este esfuerzo constituimos la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), y resulté electo presidente por abrumadora mayoría el 15 de noviembre de 2017 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Los objetivos de la AMAM son: 1) lograr que el Gobierno federal disponga recursos para la modernización y renovación del transporte público; 2) promover el desarrollo y actualización del marco normativo e institucional en los tres niveles de Gobierno; 3) consolidar un transporte eficiente, accesible e integrado con el entorno urbano, a escala metropolitana; 4) impulsar energías más limpias; 5) fortalecer la tecnología en la gestión de la movilidad; 6) mejorar la capacidad técnica para la planeación, gestión y control del sistema de movilidad y 7) establecer estrategias para el desarrollo de infraestructura del abasto de combustibles.

La implementación de una Estrategia Integral de Movilidad a nivel nacional que en forma piramidal se aplique a los estados y a los municipios requiere inversión de recursos tanto públicos como privados que permitan lograr la integración de los servicios de transporte, una mejor utilización y armonización del espacio público, la accesibilidad universal, el desarrollo orientado al transporte público, el manejo eficiente de mercancías y la cultura de la movilidad, entre otros aspectos, para fortalecer la productividad y el empleo, abatir el estado de pobreza y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

* El autor es maestro en Derecho Constitucional, experto en movilidad y primer presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM). Ha sido secretario de Movilidad en el Estado de Hidalgo y en la CDMX, director general del Instituto del Taxi y del Sistema de Transportes Eléctricos, así como director general Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública. Actualmente es presidente ejecutivo nacional de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México y miembro distinguido del Consejo Nacional de la Abogacía.