La tragedia de Tlahuelilpan no pude quedar sin ser investigada y en su caso sancionada, considero el Partido Acción Nacional (PAN) y por ello presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra de funcionarios de Petróleos Mexicanos y de quien resulte responsable por los hechos registrados el pasado 19 de enero.

 

La denuncia fue presentada por el Director General Jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, en las oficinas de esa dependencia, a nombre del Dirigente Nacional, así como del Comité Ejecutivo Nacional, y fechada el 23 de enero, pero dada a conocer este domingo.

 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, manifestó que los funcionarios responsables del debido cuidado, seguridad y prevención de accidentes deberán ser investigados, a efecto de deslindar responsabilidades.

 

Esto, detalló, de acuerdo con el principio de eficiencia de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los artículos 6 y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y diversas normatividades internas de Pemex.

 

“En adelante, Acción Nacional exige al gobierno federal intervenir con oportunidad en este tipo de situaciones utilizando las mejores prácticas, equipos y tecnologías existentes para proteger a los ciudadanos.

 

“En coordinación con las Dependencias y entidades del Gobierno Federal, Petróleos Mexicanos debió oportunamente resguardar y cerrar el ducto, realizar la vigilancia, prevención y atención de riesgos en Hidalgo”, demandó.

 

Cortés puntualizó que las deficiencias en la labor de resguardo, tan importante como la de suministrar, pudieron causar la muerte de más de 100 personas, lo cual implicaría que hay funcionarios que no realizaron bien su labor y fueron omisos en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

El líder de Acción Nacional pidió que la Secretaría de la Función Pública, realice una labor de investigación sobre las diversas responsabilidades de los servidores públicos.

 

“Debe indagar, deslindar y fincar responsabilidad administrativa a los servidores públicos que no actuaron como debían, primero por la pérdida de vidas, segundo por la falta de respuesta inmediata a los hechos y también por la omisión en la vigilancia de las instalaciones Federales”, concluyo.

gac