El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se vio obligado a hacer ajustes en proyectos de información, prestaciones y salario de personal debido al recorte que registró en su presupuesto para 2019, informó su presidente, Julio Santaella Castell.
En reunión con representantes de medios de comunicación, el funcionario no descartó la posibilidad de que el organismo autónomo presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante este este ajuste presupuestal y salarial; “nos reservamos el derecho a hacerlo”.
Detalló que la Cámara de Diputados aprobó un recorte para el INEGI de 500 millones de pesos, con lo cual quedó con un presupuesto de 12 mil 129 millones para este año, con lo cual le obligará a cancelar o suspender una decena proyectos y hacer ajustes en los paquetes de remuneración de los servidores públicos del organismo.
Informó que como parte de las medidas de austeridad de la nueva administración y la promulgación de la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, a 68 altos funcionarios del INEGI se les redujo el salario, más de ocho mil perdieron su seguro de separación individualizada y más de 12 mil se quedaron sin seguros de gasto médicos mayores.
Con estas medidas, expuso, ahora la curva salarial de los 15 mil 950 empleados del organismo va de los 10 mil a los 106 mil pesos mensuales, sobre lo cual opinó que no es el mejor instrumento para una política de recursos humanos que permita reclutar, desarrollar, retener y hacer crecer al personal.
“Esta serie de decisiones, si bien en el corto plazo suenan razonables, y nosotros ya las hemos asumido, cuando las vemos con una perspectiva de largo plazo, creo que pueden ser consideradas relativamente miopes”, argumentó Santaella Castell.
Para lograr un verdadero servicio civil de carrera, dijo, los servidores públicos tienen que ser evaluados a lo largo de 15 o 20 años, de lo contrario habrá una alta rotación y solo quedarán funcionarios sin las mejores competencias, “el servicio público puede tener problemas de incompetencia y la evidencia nos dice que también generamos incentivos para la corrupción”.
El funcionario señaló que del presupuesto por 12 mil 129 millones de pesos del INEGI para este año, su Junta de Gobierno decidió asignar cinco mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (dos mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (dos mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.
Apuntó que para el programa regular del organismo quedaron seis mil 682 millones de pesos, recursos presupuestales menores en 6.1 por ciento en términos nominales y en 10.5 por ciento real, lo que obligó a cancelar o suspender más de una decena de proyectos y programas.
Los proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados son la Encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (ECOPRED) y la Encuesta nacional de uso de las tecnologías de información en los hogares (ENDUTIH).
También, la Encuesta nacional sobre uso del tiempo, la Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales (ENAID), y la Encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas (ENCRIGE).
A su vez, los proyectos sin financiamiento externo impactados por el recorte presupuestal del INEGI son el Censo agropecuario, la Encuesta nacional agropecuaria (ENA), la Encuesta nacional de gasto en los hogares (ENGASTO), y la Encuesta nacional de consumidores de sustancias psicotrópicas (ECOSUP).
Además, la Encuesta nacional de los hogares (ENH), la Encuesta nacional de micronegocios (ENAMIN), la Encuesta nacional de población privada de la libertad (ENPOL), la Encuesta nacional de trabajo infantil, y la Encuesta nacional sobre confianza del consumidor (ENCO) cobertura regional.
En su primer encuentro en el año con representantes de los medios de comunicación, Santaella Castell reiteró el compromiso de INEGI a su mandato constitucional de coordinar un sistema nacional de información estadístico y geográfico que siga ofreciendo información que sea de calidad, pertinente, oportuna y veraz, además apoye a las decisiones de políticas públicas.
El INEGI, dijo, mantiene el compromiso de autonomía técnica y de gestión, “es decir, de hacer nuestro trabajo libre de presiones políticas y apegándonos a los principios fundamentales de la estadística y al espíritu de lo que nuestra Constitución nos está mandando”, pese a que no tiene autonomía presupuestal y por ahora no está haciendo gestiones para lograrla.
En este contexto, no descartó la posibilidad de que funcionarios del INEGI presenten una controversia constitucional ante la SCJN por la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que prohíbe que los servidores públicos ganen más de los 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente.
“No descartamos hacerlo, estamos aprovechando el plazo legal que tenemos para hacer eso, estamos revisando el sustento jurídico que tenemos y estamos revisando las comunicaciones que los ministros de la SCJN han notificado en las distintas manifestaciones que se han presentado”, expresó.
Aclaró que nadie está peleado con la austeridad, la honestidad y la honradez que promueva la actual administración, pues son valores que todos aprecian y a los que se aspira. No obstante, dijo, en opinión del INEGI, debe haber una valoración de costo beneficio para la asignación de los presupuestos, para darle prioridad a los programas que tienen más beneficio social.
Además, estimó, a la larga las medidas que afectan el paquete de remuneraciones de los servidores públicos pudieran ser contraproducentes para tener un servicio público de calidad y competente; “en la medida en que los maltratemos, no podremos retener a los mejores servidores públicos”.
MGL