Lleva todo el mes en los reflectores el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Y desde el primer momento, con el desabasto de gasolinas en la zona del Bajío, hasta la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ha demostrado un profundo desconocimiento del sector energético.

Y no es un delito ser ignorante de una materia tan de alta especialidad como es el sector petrolero. Finalmente, Romero accedió a ocupar una cartera para la que ciertamente no estaba preparado porque es un personaje de toda la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que es su prioridad, si no es que su obsesión, de combatir la corrupción.

Ante los ojos presidenciales los Gobiernos anteriores estaban diseñados sólo para robar y, por lo tanto, la experiencia, la transparencia y hasta la seguridad parecerían estar supeditados a su combate contra la corrupción.

La crisis de desabasto de combustibles que se dio desde finales del año pasado tuvo su origen en la toma de decisiones, sin medir las consecuencias, para desmantelar el robo que, desde la visión presidencial, se daba a manos llenas en Pemex.

Si fue un cierre de ductos o la cancelación de importación de petróleo ligero para refinar, se provocó un daño innecesario a millones de personas y a la economía en su conjunto que habrá de pasar factura en su crecimiento.

Pero aparentemente la consigna es que el fin justifica los medios y, por lo tanto, la propaganda oficial invita a los ciudadanos a tolerar las molestias con tal de acabar con la corrupción.

Dice el Presidente que en su gobierno no tienen problemas de conciencia y, por ello, sin licitación, sin transparencia y en asignación directa ya autorizó la compra de 571 pipas. Y a pesar de que el Gobierno había prometido invitar testigos sociales a este tipo de compras multimillonarias, el propio presidente López Obrador dijo que no dio tiempo de invitar a la ONU a verificar la transparencia.

Bajo esta visión fue suficiente que la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, atestiguara la compra de los carrotanques en Estados Unidos y que los opere el Ejército, bajo la bandera de un llamado plan DN-III para que no requiriera ningún otro ejercicio de transparencia el gasto de 85 millones de pesos del erario.

Llama la atención que si los funcionarios de Pemex actuales están ahí por honestos y no por expertos, no se les confiara al cien por ciento esta operación que corresponde al uso y manejo de un producto que ellos gestionan.

Pero hay otro dato que puede resultar alarmante a la luz de la tragedia de Hidalgo, y es que el personal de monitoreo de los ductos de Pemex fue despedido y se cambió por personal nuevo del que no hay certeza de su experiencia.

Pero si el director de la empresa nos da un indicio, puede ser que los responsables de verificar el funcionamiento y eventualmente cerrar a tiempo un ducto donde hay una fuga como la que vimos en Tlahuelilpan haya sido gente con poca experiencia. Habrá que saber en función de esclarecer la tragedia.

LEG