Ante la amenaza de una suspensión de la Ley Helms-Burton (Ley de Libertad) por solo 45 días -cuando tradicionalmente la aplicación de la normativa por parte de EU era prorrogada por seis meses-, el Gobierno cubano reaccionó ante lo que calificó como un acto prepotente.
El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el miércoles la suspensión de 45 días, que es la columna vertebral para reforzar el embargo de Washington contra la isla, con una vigencia de más de medio siglo.
Cuba dijo ayer que considerará nula cualquier reclamación de Estados Unidos al amparo de esa ley, suspendida desde 1996, y que permitiría demandar a compañías y personas extranjeras que han invertido en propiedades confiscadas por La Habana después de la revolución de 1959.
“Rechazamos enérgicamente esta nueva provocación injerencista, amenazadora, prepotente, violatoria del derecho internacional. El gobierno de los EU demuestra su desprecio hacia el resto del mundo”, escribió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter.
“No permitiremos el chantaje político, tenemos razones y verdades suficientes y legítimas para enfrentar tanta hostilidad y desprecio”, subió en un segundo mensaje.
Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la amenaza de su puesta en vigor “del modo más enérgico, firme y categórico”, y lo asumió como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad.
“Cuba enfatiza que la Ley Helms-Burton es ilícita, inaceptable, y sin valor ni efecto jurídico. Consecuentemente, considerará nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad”, señala el texto.
La medida se podría poner en marcha por primera vez desde que Bill Clinton firmó la ley, en 1996, lo que amenaza fuertemente las inversiones extranjeras en Cuba.
El Capítulo III de la Ley Helms-Burton ha sido suspendido cada seis meses por varios presidentes estadounidenses, incluyendo a Trump en 2017 y 2018, debido a la fuerte oposición internacional.
La legislación sanciona a empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba, permite entablar demandas contra compañías o personas que usen bienes expropiados por el Gobierno cubano y niega el ingreso a Estados Unidos de sus directivos.
LEG