Jorge L. Velázquez Roa
@JorLuVR

Una de las tendencias a nivel mundial en los últimos 20 años ha sido la evaluación de políticas públicas. Dicha práctica –iniciada en los países desarrollados– ha ido ganando cada vez más terreno entre los países en desarrollo y se ha ido institucionalizando en el seno de sus aparatos burocráticos y de administración pública. En este esfuerzo, diversos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y las Naciones Unidas, entre otros, han jugado un papel clave en la propagación, adopción y desarrollo de sistemas de evaluación. Así, con el objeto de abogar y promover la evaluación y la formulación de políticas a escala internacional, nacional, regional y local, con base en evidencia, las Naciones Unidas declararon 2015 como el año internacional de la evaluación.

El objetivo de la evaluación es determinar el valor o el mérito de una intervención pública (por ejemplo una política, un programa o una regulación), a través del análisis y generación de información. Con la información así generada y la evidencia, las autoridades están en posibilidad de mejorar el diseño de una política pública, rediseñar o rectificar una intervención ya en ejecución, o simplemente determinar la continuación o cancelación de determinadas acciones. Es por ello que se dice que la evaluación contribuye a la toma de decisiones y formulación de políticas con base en evidencia(s).

Existen diferentes criterios (como la coherencia, efectividad y eficiencia), metodologías (experimentos aleatorios, variables instrumentales, análisis costo-beneficio, entre otras) e incluso momentos (ex ante si la evaluación se realiza antes de la implementación de la intervención, intermedia o provisional si se lleva a cabo durante la implementación, y ex post si se realiza después de su implementación) de evaluación, los cuales dependerán y variarán según los objetivos específicos que se buscan con la misma, así como de los sectores o áreas de política sujetos a evaluación. Dadas las restricciones presupuestarias con que operan los gobiernos, es común que las evaluaciones se hagan en relación con la eficacia (¿se alcanzaron los objetivos buscados?) y la eficiencia (¿se alcanzaron los objetivos al menor costo posible?), con lo cual se busca establecer el valor de una determinada intervención a la luz de sus efectos y resultados.
En México, la cultura de la evaluación ha permeado poco a poco en ciertas áreas del quehacer público. Por ejemplo, desde hace muchos años se realizan las manifestaciones de impacto ambiental y las manifestaciones de impacto regulatorio. En ambos casos se busca identificar –ex ante– los efectos potenciales de ciertos proyectos o intervenciones con el objeto de mejorar la toma de decisiones. De la misma forma, se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el cual además de medir la pobreza en México tiene la misión de evaluar los programas y la política de desarrollo social, con el objetivo de emitir recomendaciones y mejorar sus resultados.

En otros ámbitos, como la academia u organismos de la sociedad civil, también han surgido iniciativas y centros de evaluación de políticas públicas que buscan contribuir a la generación de metodologías e información que permitan impulsar la toma de decisiones con base en evidencia.

 

Con el cambio de Gobierno en nuestro país y a la luz de ciertas decisiones tomadas recientemente, como el restablecimiento de precios de garantía para ciertos productos del campo, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la estrategia para combatir el robo de combustibles o la creación de la Guardia Nacional, se ha cuestionado –no sin razón– las bases sobre las que se han tomado dichas decisiones. La falta de transparencia, de información o la existencia de información contradictoria refuerza la idea de que dichas decisiones han sido improvisadas y tomadas con base en creencias, deseos, filias y fobias, más que a partir de un diagnóstico o de evidencia disponible.

Dado que en política pública lo que importa son los resultados (y no sólo las intenciones), en mi próxima entrega continuaré con este tema.

 

DAMG

Jorge L Velazquez Roa

Consultor internacional en materia económica, política y de políticas públicas con más de 20 años de experiencia en temas regulatorios, de competencia, comercio, finanzas públicas y buen gobierno....