Aunque el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que la “Guardia Nacional va porque va’’, lo cierto es que ayer los gobernadores le pusieron el cascabel al gato.
Como no se había visto, desde que se discutió en primera lectura el dictamen en el Pleno de los diputados, ayer los gobernadores desmenuzaron algunas inconsistencias jurídicas que presenta la iniciativa de reforma constitucional.
Por ejemplo, el gobernador de Campeche y presidente de la Conago, Alejandro Moreno, cuestionó el hecho de que la reforma plantee que la Guardia Nacional también pueda realizar tareas de investigación de los delitos del fuero común.
Igualmente, el campechano pidió a los diputados que definieran a cuál secretaría de Estado estará sujeta la Guardia Nacional, pues en el documento que se discute en la Cámara de Diputados existe ambigüedad.
El documento establece que “la Guardia Nacional forma parte de la administración pública federal, a través de la Secretaría del ramo de Seguridad, en lo que respecta a la planeación, programación y ejecución de sus funciones.
“Y de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional en lo que respecta a estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación. Lo anterior, en los términos dispuestos en su ley orgánica’’.
Es decir, no se tiene certeza sobre quién ejercerá el mando.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, aseguró que dejar el mando en manos de la Secretaría de la Defensa contraviene al federalismo y a la tendencia mundial en la que los organismos de seguridad pública son encabezados por civiles.
Y si bien en la primera de las audiencias públicas para tratar el tema quedaron evidenciadas fallas hasta de redacción, en lo general los gobernadores están de acuerdo en crear un cuerpo policiaco, pero no bajo las órdenes de un militar.
Moreno aseguró que la Guardia Nacional es bienvenida “si en la Constitución quedan plasmadas sus facultades de forma clara y específica sin ambigüedad alguna, para garantizar su carácter civil, el respeto a las soberanías estatales y el ejercicio de sus funciones con apego a los derechos humanos’’.
A ver.
****
Los 21 corresponsales que la agencia Notimex tenía en el mundo –mayoritariamente en Europa- denunciarán en una carta el maltrato recibido por la forma en que intempestivamente les fue cancelado su contrato.
No hubo, dicen, ningún aviso ni llamada de los jefes en la Ciudad de México; de un día para otro se quedaron sin trabajo y ya.
No se sabe si los periodistas esperarán a la confirmación de San Juana Martínez como nueva directora de Notimex –cuya encomienda es convertir a la agencia en la BBC tenochca- o si dejarán sentir su enojo esta misma semana.
****
Empresas que competían por un contrato de dos mil 400 millones de pesos para instalar el servicio de telecomunicaciones internas del Consejo de la Judicatura denunciaron un cúmulo de anomalías en el proceso que finalmente ganó Telmex de Carlos Slim.
El CJF convocó la licitación a sólo un mes del vencimiento del contrato que tenía con Telecomm. Luego estableció que en sólo tres días naturales el ganador diera continuidad al servicio. Y, por si eso fuera poco, fijó un plazo de cuatro meses para la implementación total de servicios. Todo esto es imposible en un proceso serio de licitación de servicios de telecomunicaciones.
Esto no bastó a la Judicatura, pues implementó una “evaluación financiera” excesiva y contraria a las normas vigentes, con requisitos de liquidez, estabilidad y rentabilidad que son ajenos a los procesos de licitación.
Es decir, una licitación dirigida a un solo jugador.