“La militarización de la seguridad pública es anticonstitucional y una estrategia peligrosa. El sector militar no está facultado ni capacitado para perseguir delitos, su formación es para abatir al grupo considerado como enemigo. El problema es que en la seguridad pública no existen enemigos, lo que hay son presuntos infractores de la ley. Por ello es que tal tarea debiera ser encargó (sic) exclusivamente de las Policías preventivas.

La desmilitarización no consiste sólo en retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las calles, según el grado de violencia de las comunidades, sino de evitar que jefes militares impongan estrategias en grupos de coordinación de seguridad pública de los estados, que palomeen a jefes policiales y que militares en retiro ocupen puestos de mandos policiacos o cargos de elección en los que impongan una visión punitiva de la seguridad que predispone a corporaciones a cometer violaciones a derechos humanos”: aportaciones de los foros Escucha para construir la agenda de políticas de Estado para la construcción de la paz entre todos (Ciudad de México, 24 de octubre de 2018).

El párrafo anterior es una reproducción exacta del documento que se generó tras los foros convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de escuchar a las víctimas de la inseguridad en el país y construir el esquema que durante la denominada cuarta transformación abatirá los delitos de alto impacto que aquejan grandes extensiones del territorio nacional.

Para algunos ciudadanos y analistas, los foros no tuvieron por éxito la elaboración de alguna política pública e incluso debieron suspenderse; algo de razón tienen los críticos de ese ejercicio cuando se compara el texto anterior con la intención del Gobierno federal de crear una Guardia Civil Nacional que estará integrada por 50 mil efectivos, y cuyo origen serán las Policías naval, militar y federal, además de 15 mil jóvenes cuyo proceso de captación e inscripción ya inició.

También es comprensible la inconformidad de legisladores de oposición ante el reclutamiento del cuerpo castrense-policiaco de seguridad sin que hasta el momento se haya discutido en el Congreso y para el que se necesita la voluntad de sus dos terceras partes.

Además de las declaraciones, críticas y renuencias vertidas por ciudadanos y expertos, caben algunos cuestionamientos que hasta el momento el Gobierno federal aún no ha sabido explicar.

Se espera que la Guardia Civil Nacional entre en funciones en dos años, periodo en que se habrán de capacitar a los elementos del Ejército y la Marina en materia de derechos humanos, pero también a cerca de 15 mil jóvenes de origen y preparación diversa. ¿Serán suficientes dos años para dotar de todas las capacidades y aptitudes a jóvenes cuyo único deseo podría ser obtener un empleo?, ¿estarán en riesgo ante un crimen organizado cuyo poder de fuego ha causado bajas importantes entre militares entrenados?

El Gobierno federal debe entender que en un contexto en que la ciudadanía ha enfrentado un clima de violencia constante, en el que en ocasiones la violencia no ha sido ejercida únicamente por los delincuentes, es indispensable explicar detalladamente las facultades, origen, selección, capacitación y cada uno de los elementos que conformen la Guardia Nacional, pues su aprobación en el Congreso y aceptación entre los mexicanos se prevé cuesta arriba.