Foto: Twitter @OEA_oficial Nicaragua acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de utilizar su posición en ese foro regional para apoyar a los grupos contrarios al gobierno nicaragüense que, dijo, intentan dar un "golpe de Estado" en el país  

Moscú.- Nicaragua acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de utilizar su posición en ese foro regional para apoyar a los grupos contrarios al gobierno nicaragüense que, dijo, intentan dar un “golpe de Estado” en el país.

 

La acusación fue pronunciada por el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, quien describió a Almagro como “agente directo del imperio de Estados Unidos” que sigue los lineamientos que le señalan en Washington.

 

Indicó que ni la Carta Fundacional de la OEA ni la Carta Democrática Interamericana facultan realmente a Almagro para “apoyar a los golpistas”, pero que eso es lo que “está haciendo desde su posición”.

 

“En esta dirección, él está siguiendo los lineamientos que el Departamento de Estado y el embajador de Estados Unidos en la OEA (Carlos Trujillo) le han señalado”, sostuvo el canciller nicaragüense en entrevista con el servicio ruso de noticias, Sputnik.

 

Según Moncada, Estados Unidos ha financiado y apoyado a grupos contrarios al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y pretende “continuar un proceso golpista” después del intento fallido que fue “neutralizado”, ahora a través de organismos internacionales como la OEA.

 

La acusación por parte del gobierno nicaragüense llegó después de que en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, celebrada el pasado 27 de diciembre, Almagro llamó a debatir la situación de Nicaragua y a avanzar en la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

 

Para activar los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática, se debe aprobar en una sesión del Consejo Permanente, con al menos 18 votos a favor, que en Nicaragua existe una alteración del orden constitucional, tras lo cual iniciaría un proceso gradual de consultas y acciones diplomáticas.

 

Si estas gestiones fracasan, el proceso puede concluir con la suspensión del país en el bloque regional, para lo cual se necesita el voto de dos tercios de los países de la OEA, es decir 24.

 

Al respecto, Moncada enfatizó que el objetivo de la Carta, aprobada en 2001, fue frenar golpes de Estados militares y prevenir las dictaduras de las décadas anteriores, pero que en el caso de Nicaragua se desvirtúa su función, pues Almagro intentaría debilitar al presidente Ortega y respaldar a los “golpistas”.

 

“Esa carta no autoriza a un secretario general a reemplazar ni sustituir el ejercicio de la soberanía de los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe”, sino que consigna el principio de no injerencia, de no agresión en asuntos internos de los Estados, de respeto a la soberanía, a la autodeterminación”, declaró.

 

Enfatizó que en ese sentido el Estado afectado debe solicitar la intervención de la OEA y la activación de la Carta Democrática, pero que Managua “no ha pedido ni dado su consentimiento para que la OEA, el Consejo Permanente, esté discutiendo sus asuntos internos”.

 

Almagro llamó a activar la Carta Democrática luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe que señaló al gobierno de Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad para disolver las protestas registradas entre abril y julio de este año.

 

Tal reporte es “subjetivo, sesgado y carente de objetividad”, pues “se basó en mentiras y alteraciones de la información oficial, con el objetivo de deslegitimar al presidente Ortega”, opinó el canciller.

 

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde el 18 de abril de 2018, cuando iniciaron masivas protestas contra Ortega que fueron reprimidas por la policía y grupos paramilitares, pero el gobierno afirma que se trata de sectores que buscan llevar a cabo un golpe de Estado.

 

La escalada represiva del gobierno de Ortega su policía y grupos paramilitares afines contra la oposición ha dejado un saldo de más de 400 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de encarcelados, entre ellos líderes estudiantiles, campesinos y mujeres, según organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

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