Jorge L. Velázquez Roa
@JorLuVR
Estamos a punto de terminar el año y los peores fantasmas económicos de fin de año de la entrante administración parecen haber sido conjurados. Por un lado, el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2019 fue aprobado en tiempo y forma. Por otra parte, el riesgo que implicaba la operación de recompra de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) parece también haberse desvanecido (resulta extraño la falta de información al respecto más allá del escueto comunicado del 19 de diciembre de la Secretaría de Hacienda y una breve referencia al respecto del Subsecretario de Hacienda el día 20, pero de confirmarse dicha operación se habrá despejado uno de los mayores factores de incertidumbre sobre las finanzas públicas en el corto plazo). A pesar de ello, prevalecen en el horizonte 2019 importantes riesgos y desafíos que no deben de ser minimizados.
Más allá de que el paquete económico aprobado, al igual que el propuesto por Hacienda, muestra un superávit primario objetivo del 1% del PIB, existen dudas respecto a en qué medida dicho superávit podrá alcanzarse en los hechos. Preocupa qué tan realista resulta la estimación de ingresos, en particular los correspondientes a la recaudación de impuestos, ya que además de haber sido incrementados en 23,000 millones de pesos por los legisladores sin mayor sustento técnico, dicha meta parece difícil de alcanzar si se toma en cuenta el costo que tendrá la ya anunciada reducción de tasas de ISR e IVA en la franja fronteriza norte, la cual parece subestimar la cantidad de impuestos que dejarán de percibirse por dichos conceptos.
La apuesta de los legisladores es que la meta recaudatoria se cumpla mediante una estrategia de mayor eficiencia por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por un lado, se pretende incrementar la recaudación a través del combate a las empresas fantasma y a las facturas falsas, así como de una mayor fiscalización (contrario a lo que se había anunciado en el sentido que de no se acosaría a los contribuyentes). Por otro, se canceló la compensación universal de impuestos con lo cual se busca evitar abusos, pero que al mismo tiempo implica cancelar oportunidades para los contribuyentes cumplidos y aumentar sus costos financieros. Si bien incrementar la eficiencia recaudatoria del SAT es algo positivo y deseable, persiste la duda de cómo mejorarán dicha eficiencia si desde el principio de la nueva administración se ha recurrido al despido masivo de funcionarios y con ello se ha perdido parte del capital humano y la memoria institucional del SAT.
Si bien el incumplimiento de las metas de recaudación no representa un riesgo inmediato, en el mediano y largo plazo se podría observar –en caso de no contener el gasto– un debilitamiento gradual y estructural de las finanzas públicas al incrementarse las necesidades de financiamiento del sector público. Otros factores relacionados que podrían agravar lo anterior tienen que ver con el crecimiento esperado de la economía y de la economía de Estados Unidos. Asimismo, habrá que seguir de cerca la evolución del precio del petróleo, así como el desenlace de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. Finalmente, un reto no menor que enfrentará la economía es el recuperar la confianza de los inversionistas, principalmente extranjeros, después del golpe que representó la cancelación del NAIM y que no solo afectó los flujos de capitales (portafolio) hacia nuestro país, sino también puede verse reflejado en la inversión extranjera directa en los siguientes años.
Esperemos que el manejo económico del país en este 2019 se distinga por su prudencia y visión de mediano y largo plazo.