El tiempo de la cuarta transformación nos llegó a todos los mexicanos. Y quien tiene un reto importante por resolver en materia de transparencia y procesos anticorrupción es la Inversión Privada, pues llegó la norma internacional ISO 37001, la cual certifica la gestión antisoborno en empresas privadas y públicas.

Y es que, aunque esta norma se publicó desde octubre de 2016, apenas nuestro país cuenta con las primeras acreditaciones para poder certificar el cumplimiento de este estándar, al que sin duda recurrirán centenas de pequeñas, medianas y principalmente grandes empresas. El primero en alcanzar el objetivo fue NYCE, que dirige Carlos Pérez Munguía. Esta acreditación es un modelo internacional elaborado por la International Organization for Standardization ISO, y cualquier organismo debidamente acreditado de entre sus 163 países miembros puede realizar la certificación en sus lugares de origen.

La norma marca una serie de medidas que se utilizan para que las empresas apliquen los controles con el fin de mejorar su capacidad de prevención, detección y tratamiento del riesgo del soborno a través de un sistema de gestión. Dicha situación la ve con buenos ojos la titular de Economía, Graciela Márquez Colín.

Uno de los aspectos más importantes de esta disposición es que también permite demostrar a los principales accionistas y potenciales clientes que dicha empresa se encuentra comprometida con las prácticas antisoborno, que han sido reconocidas mundialmente, y que puede ser no sólo dentro de sus propias operaciones, sino también en las transacciones de su cadena de valor global, como ocurre con grandes corporativos.

En tanto, el beneficio para los consumidores es que podrán elegir en el mercado a aquellos proveedores de productos y servicios que se han esforzado por establecer un clima de transparencia y ética en sus actividades cotidianas. Sin duda, esta certificación que NYCE ya tiene disponible será una gran aliada para estar en línea con la cuarta transformación. Y debe replicarse para combatir la corrupción.

Susurros

1. Sería el domingo cuando los magistrados del TEPJF resuelvan los juicios relacionados con la elección para la gubernatura de Puebla. Y por si hacía falta más ruido a este conflicto postelectoral, el PAN y la Coalición Por Puebla al Frente quieren impedir que el magistrado José Luis Vargas participe en su análisis y votación, ya que, dicen, no sólo anticipó en su cuenta de Twitter el proyecto de sentencia sin consultar a los otros integrantes de la Sala Superior, sino que también les parece sospechoso que haya cambiado de camiseta y de intereses una vez que conoció la iniciativa de Morena de “recortar” el periodo de algunos magistrados electorales. Una medida de presión que obligaría a Vargas a separarse del cargo en octubre de 2019. ¿Qué será más conveniente para AMLO y Morena, la gubernatura de Puebla para Barbosa o un lugar en la Sala Superior para calificar las elecciones intermedias?