Foto: Archivo 24 horas Bonistas rechazaron la recompra. Se advierten impactos en el presupuesto económico; el senador Gustavo Madero alerta consecuencias legales si cancelan NAIM. “Quiero ver al valiente que va a firmar”, dijo  

Bonistas rechazan recompra y dicen no haber sido notificados

El panorama sobre la recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se torna complicado, pues un grupo de tenedores de dichos títulos, entre los que se encuentran Prudential, Manulife Financial, BlackRock y Vanguard Finance, emitieron un comunicado en donde rechazan la medida del Gobierno lopezobradorista, y argumentaron que no fueron notificados sobre esa opción que les significa la venta de sus bonos.

Los tenedores protestantes conforman el Grupo Bonos Ad Hoc de MexCAT, y son representados por el despacho legal Hogan Lovell, con oficinas en la Ciudad de México y Nueva York, además de que argumentan tener 50% del monto de capital de al menos una serie de bonos del fideicomiso MexCAT.

En el documento, los tenedores indicaron que el Gobierno mexicano no les informó la difusión de la oferta pública de lanzar al mercado de Nueva York la recompra de los bonos del NAIM.

Asimismo, señala preocupaciones como la revocación de la garantía y supuestos de incumplimiento conforme a la documentación aplicable con respecto al nuevo aeropuerto; además de que en relación con el actual aeródromo, también les preocupa la posible reducción de la garantía derivado del uso o construcción, a corto o largo plazo, de aeropuertos alternativos o adicionales en el área de la Ciudad de México.

“Hay inquietudes sobre las posibles reducciones adicionales a la garantía respecto a la liberación de pagos restringidos en dos de las cuatro series de bonos; y se considera que los tenedores de bonos que participen en la oferta pública consienten en la liberación de la garantía y en las modificaciones a los convenios y supuestos de incumplimiento”, aseguró la empresa.

Hogan Lovell puntualizó que estas inquietudes se presentan aún y cuando no puedan adquirirse en su totalidad los bonos ofertados por el nuevo Gobierno en el mercado bursátil de Wall Street, no obstante lo anterior, el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc del NAIM está dispuesto al diálogo con el Gobierno.

La postura de los tenedores representados por la firma Hogan Lovell podría causar que Andrés Manuel López Obrador tenga que diseñar una nueva estrategia sobre el caso del NAIM, ya que se requiere que los titulares de la mayoría de cada serie de bonos acepten los cambios en las reglas que permiten cancelar el proyecto de Texcoco.

Incluso esto podría provocar un revés en la decisión de detener la obra, debido a los elevados costos que representaría pagar las demandas de tenedores de bonos, los rendimientos prometidos y las implicaciones legales que se tendrían para los representantes de la cancelación.

Actualmente existen cuatro bonos del NAIM con diversos vencimientos, dos series de diez años y dos series de treinta años, en conjunto estos suman un total de seis mil millones de dólares, así lo detalló el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en una minuta difundida el domingo pasado, en donde se dio a conocer la decisión de poner en recompra los títulos.

El documento del GACM refiere que “la propuesta de recompra se hará válida en 20 días hábiles, se busca que haya suficientes propuestas de aceptación para poder anunciar el cierre de operación del NAIM en la segunda quincena de diciembre”.

Precisamente la fecha coincide con la presentación del paquete económico 2019, de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al respecto, la minuta refiere: “se busca que cuando se presente el paquete presupuestal 2019 se tenga resuelto el tema del aeropuerto con certidumbre y claridad para los mercados e inversionistas”.

Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), indicó en entrevista con 24 HORAS, que las corredurías principales que tenían bonos del NAIM, representan a “grandes series”.

Sin embargo, precisó que existe el riesgo que éstos pudieran demandar al gobierno por incumplimiento del contrato, pero como la construcción no se ha detenido, hasta el momento no se han presentado demandas.

Juan Ángel Espinosa

LEG