La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades financieras por 966 millones de pesos en el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, operado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda.

De acuerdo con la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017, “el Fideicomiso y la Sedatu no cumplieron con el objetivo al dejar de entregar 44 mil 883 acciones de vivienda, las cuales estaban destinadas a atender la demanda de la población de zonas de alta marginación y rezago social”.

El informe indica que “se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 965 millones de pesos por la falta de conclusión de 44 mil 883 acciones de vivienda del Programa de Apoyo a la Vivienda 2017, sin que se reintegrarán los recursos a la Tesorería de la Federación y sin que al cierre se haya comprobado el ejercicio del gasto”.

La Auditoría pide iniciar las investigaciones y el proceso sancionatorio correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no comprobaron la conclusión de 43 mil 653 acciones de mejoramiento de vivienda y mil 180 acciones de construcciones de unidades básicas”.

En otra observación, detectaron “un probable daño a la Hacienda Pública por 1.2 millones de pesos por conceptos de gastos de viáticos y mantenimiento, mismos que se depositaron a la cuenta bancaria personal de un funcionario de la delegación de Morelos de la Sedatu, sin que proporcionará la documentación comprobatoria de los gastos”.

Las acciones de vivienda que no realizaron pero se pagaron, tenían el objetivo de apoyar a los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia de calidad y espacios de vivienda, con la finalidad de reducir el rezago habitacional”.

En su fiscalización, la ASF resaltó que las fallas en la operación de ese programa se han presentado, de manera reiterada, en las cuentas públicas 2015,2016 y 2017, por lo cual, recomienda endurecer los controles de ejercicio de gasto.

Las dependencias involucradas en los presuntos daños al erario tiene un plazo de 60 día para solventar las observaciones de la Auditoría.

Frase

“En términos generales, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Secretaría de Desarrollo Agrario no cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.

Dictamen

LEG