Luego de que la Secretaría de la Función Pública abrió, todavía en el pasado gobierno, tres nuevos procedimientos administrativos contra Odebrecht, un grupo de abogados encabezados por el constitucionalista Elisur Arteaga Nava ha iniciado un movimiento para demostrar que la dependencia que encabezó Arely Gómez no puede impedir las contrataciones en México de las empresas particulares. Los juristas señalan que, al ser la inhabilitación una forma de suspensión de los derechos, es una facultad exclusiva del Poder Judicial y no de las autoridades administrativas, como se establece en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El grupo de abogados asegura que, si bien en el apartado 113 de la Carta Magna se prevé la posibilidad de que una autoridad administrativa imponga como sanción la inhabilitación, por tratarse en este caso de una pena que trata de impedir a Odebrecht operar en el país, derecho que tiene garantizado en el artículo 5 del mismo documento, esta penalización es entonces exclusivamente facultad de las autoridades judiciales.

ALME licitante 

El 30 de octubre de 2014, en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, se dieron cita representantes de siete empresas constructoras para dar inicio al proceso licitatorio SFA-OP-LPN-2014-049, en el cual se ejercieron alrededor de 700 millones de pesos del erario público para remodelar el recinto deportivo. En la denominada “Acta de Visita al Sitio de los Trabajos” se observa la firma del Aqrquitecto Ángel Calva Martínez, representante del licitante Manufacturas Metálicas ALME S.A de C.V., una empresa dirigida y propiedad del ex presidente de Canacintra, Rodrigo Alpizar. El dato viene a cuenta ante la necesidad de refrescar la memoria de un personaje que niega su participación en el mencionado proceso.

Sucios negocios

En riesgo se encuentran más de 450 trabajadores de limpieza, quienes podrían ser contratados por la paupérrima cantidad de 100 pesos diarios, en caso de que la Cámara de Diputados, presidida por Porfirio Muñoz Ledo, no modifique las condiciones en que fue expedida la licitación LPN HCD/LXIV/LPN/01/2019. Este retroceso en los salarios podría haber sido orquestado por el asesor de la Secretaría General, Carlos Briones, político desarrollado a la usanza del partido tricolor y quien ha mantenido el puesto luego de la salida de Mauricio Farah. Será tarea de la nueva titular de la  Secretaría, Graciela Báez Ricardez, poner orden en cuanto a las contrataciones que se abren bajo su cargo.

Voz en Off

Más que cantado el liderazgo de Carlos Salazar Lomelín, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La Concamin, la Concanaco Servytur, Coparmex, Los Banqueros (ABM), Consejo Mexicano de Negocios y la AMIS, apoyan al de exFEMSA, ahora dedicado al negocio de fabricación y venta de galletas y cereales, y de negocios inmobiliarios, para relevar a Juan Pablo Castañón…
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