Foto: Reuters Según la investigación, en abril de 2011 los exdirectivos del Seguro Social aprobaron una licitación internacional para la adquisición  

El dirigente sindical José Hilario Espinoza se entregó hoy a la Justicia de Honduras, que lo acusa de aprobar la compra de equipo con un 114 por ciento de sobreprecio para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de cuya junta directiva fue miembro.

Espinoza se presentó de forma voluntaria, acompañado de su abogado, a las instalaciones de un juzgado anticorrupción de Tegucigalpa, que dictó su detención judicial, misma medida que decretó el martes a 10 exdirectivos del Seguro Social acusados también de aprobar la compra sobrevalorada de equipo médico.

Espinoza fue remitido a la Penitenciaria Nacional, la principal cárcel del país, al norte de la capital hondureña, adonde fueron enviados este martes los otros diez exdirectivos del Seguro Social, afirmó hoy a periodistas su defensa, Salomón Amador.

El juzgado decretó también arresto domiciliario contra el exdirectivo Leonardo Villeda Bermúdez, hermano del diputado del Partido Liberal (oposición), Mauricio Villeda, tras presentar una constancia médica.

“No tengo nada que ver, simplemente lo hicimos de buena fe para ayudar a la problemática que tenía el Seguro social, que sé que no tenía un equipo en buen estado”, dijo Espinoza a los periodistas antes de ingresar al juzgado.

Los exmiembros de la junta directiva del Seguro Social son acusados por presunto fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado al aprobar la compra de equipo médico sobrevalorado en 114 por ciento, según las autoridades.

El caso, denominado “Licitación Fraudulenta del Seguro Social”, fue indagado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic) y expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

El vocero de la MACCIH, Luiz Antonio Guimarães, dijo este martes que el Seguro Social hondureño “no tenía capacidad de hacer la compra”, y aseguró que la misma se hizo “solo para favorecer a la empresa intermediaria Distribuidora Metropolitana (Dimesa)”, que rechaza la acusación.

Según la investigación, en abril de 2011 los exdirectivos del Seguro Social aprobaron una licitación internacional para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos y adjudicaron un contrato a la empresa Dimesa por 95,2 millones de dólares.

La empresa Dimesa rechazó el mismo martes la acusación y señaló en un comunicado que el caso fue “judicializado desde junio de 2015”, por lo que pidió “respeto al debido proceso”.

Los ejecutivos de Dimesa indicaron que confían en “la correcta aplicación de la justicia que dará como resultado el esclarecimiento de los hechos”.

El contrato por 95,2 millones de dólares aprobado por los exdirectivos del Seguro Social fue resultado de “una licitación pública internacional aprobado por todas las instancias legales y gubernamentales correspondientes”, afirmó Dimesa.

 

jhs