Foto: Cuartoscuro El recurso se interpone contra la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, que entrará en vigor en enero de 2019 y que contempla que nadie puede ganar más que el Presidente, el cual tendrá una percepción de 108 mil pesos mensuales. De acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal, también por reducción salarial, pero externos al Poder Judicial  

Jueces buscan ampararse contra reducción de salario

Ante la incertidumbre y temor de ver rebajados sus sueldos para el año entrante, cerca de tres mil funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron demandas de amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones, en la que se plasma que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República.

Entre los inconformes hay alrededor de 700 jueces y magistrados de toda la República, pertenecientes a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, quienes esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga los juicios y resuelva en definitiva el futuro de la legislación impulsada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Según registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya están en marcha otras 125 demandas de amparo por parte de funcionarios externos al Poder Judicial de la Federación. En el que se alega que la reducción de sueldos establecida en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entrará en vigor en enero de 2019, es contraria a la Constitución.

Cabe mencionar que la ley establece que el Presidente ganará 108 mil pesos mensuales a partir del próximo año, por lo que la aplicación de la ley implicaría una disminución salarial de todos los servidores públicos que ganan más de ese salario.

En el caso de los integrantes del Poder Judicial, la Constitución federal establece que el sueldo de los magistrados, ministros y jueces no puede ser reducido mientras permanezcan en el cargo, como parte de las medidas para garantizar su independencia.

Además, se encuentra pendiente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace dos semanas. Los asuntos fueron turnados al ministro Jorge Rebolledo, quien se encargará de resolverlos y presentar sus proyectos ante el pleno del máximo tribunal del país.

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