En los últimos años México ha experimentado diversas reformas de nivel constitucional que han impactado en la forma de brindar la seguridad pública, procurar e impartir justicia. Tal es el caso de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia de junio de 2008, tan importante y trascendente como lo fue la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, la cual impone diversas obligaciones al Estado, a través de las autoridades, en materia de defensa y protección de los Derechos Humanos, así como de sancionar cualquier violación a los mismos.

 

Ambas son de vital importancia y se relacionan entre ellas. El Sistema de Justicia Penal Acusatorio incorpora diversos mecanismos que fortalecen el respeto y protección de los Derechos Humanos para los intervinientes en un procedimiento penal; tal es el caso del debido proceso y la observancia al Estado de Derecho, garantizando un juicio justo, con normas jurídicas apegadas a los más altos estándares de protección de los Derechos Fundamentales, velando por la reparación del daño a favor de la víctima, cuando así proceda, asimismo, se privilegia el principio de presunción de inocencia, con el que la persona a quien se le imputa la comisión de un hecho delictivo en todo momento será considerada como inocente de los mismos hasta que, a través de un procedimiento penal en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, se acredite plenamente que cometió el hecho que se le atribuye.

 

Este sistema de justicia penal potencializa la figura de la víctima y los derechos que le son inherentes en un proceso penal, como es a la reparación del daño, al resguardo de su identidad, el derecho a contar con un asesor jurídico que lo asista durante todo el procedimiento e impugnar las determinaciones del agente del Ministerio Público.

 

En estos rubros, a través del Instituto de Formación Profesional se implementan programas de capacitación dirigidos al personal ministerial, pericial, policial y asesores jurídicos de víctimas de la Procuraduría capitalina, en donde el eje fundamental sobre el que versa la capacitación son los Derechos Humanos de cualquier persona que se encuentra vinculada a un proceso de carácter penal como es la víctima, el ofendido, querellante, imputado e incluso los testigos, a fin de que las personas servidoras públicas encargadas de la investigación del delito y la procuración de justicia cuenten con los conocimientos necesarios que permitan garantizar el debido proceso y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

 

En el caso de los asesores jurídicos de víctimas se brinda capacitación especializada, a fin de que se garantice que quien asesore y asista a la víctima es un profesional con los conocimientos necesarios para brindar certeza y certidumbre jurídica a la víctima.

 

 

Mtro. Juan José Olea Valencia

Coordinador General del Instituto de Formación Profesional

 

 

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