La oposición en San Lázaro evitó lo que sería una tomadura de pelo para la ciudadanía: eliminar la palabra fuero para cambiarla por inmunidad.

Aunque los diputados de Morena acusen que la oposición “se opuso a la eliminación del fuero’’, lo cierto es que el fuero, como ha sido conocido históricamente, sí desaparece al ser derogado el juicio de procedencia –o juicio político- para aquellos funcionarios acusados de algún delito.

Esta reforma al artículo 74 fracción V de la Constitución elimina la responsabilidad de la Cámara de Diputados de decidir –a través de una Comisión Instructora- quién merecía el desafuero y quién no.

El caso más reciente es el del diputado hidalguense Cipriano Charrez, de Morena, acusado por la propia Procuraduría estatal de haber provocado la muerte de un taxista en un accidente de tránsito de cuya escena huyó.

Y pese a que han pasado algunos meses del asunto, la Comisión encargada del desafuero –de mayoría morenista- sigue pensando si sesionan o no.
La eliminación del juicio de procedencia fue votada casi por unanimidad –sólo seis votos en contra- en la discusión en lo general.

Pero en lo particular, la oposición, comandada por el PAN, rechazó la aprobación de tres artículos, dos de ellos de particular importancia: el 38 fracción II que establecía que cualquier ciudadano pierde sus derechos políticos y civiles “por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso penal salvo lo establecido en el artículo 111 de esta Constitución’’.

El PAN consideró que la redacción del artículo violaba las garantías de presunción de inocencia y propuso que la pérdida de los derechos ocurriera sólo cuando existiera una sentencia en firme.

La modificación no fue aprobada, pero en la votación en lo particular la reforma propuesta por Morena fue rechazada.

La oposición también rechazó la redacción del artículo 111 propuesta por Morena porque se trataba de una simulación.

El texto propuesto, rechazado en lo particular establecía que:
“La o el Presidente de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el Fiscal General de la República, las y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra”.

Por una parte desaparecían el fuero, pero éste era sustituido por inmunidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decretado que fuero es sinónimo de inmunidad, por lo que la reforma propuesta por Morena no era más que una simulación.

Una ley gatopardista: cambiar para seguir igual.

Por cierto, el coordinador de Morena, Mario Delgado, hizo un llamamiento al linchamiento público de los diputados que votaron en contra de su reforma.

Si no pudo consensuar una mayoría, lo más seguro es que reciba un jalón de orejas de ya saben quién.

El Senado tiene la facultad y responsabilidad de corregirles la plana a los diputados.