Le queda tan sólo un mes como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y todo indica que el ministro Luis María Aguilar Morales quiere dejar su legado y un cambio significativo en el Poder Judicial Federal. Esto se traduciría en acabar con el nepotismo entre jueces y magistrados.

Y no es para menos, ya que en los últimos meses hemos visto investigaciones sobre la llamada red de relaciones familiares que hay en el Poder Judicial; en ellas se afirma que del total de jueces y magistrados, 51% tiene al menos un familiar trabajando en el Poder Judicial.

El viernes pasó inadvertida, quizás por el tecnicismo que representa, una propuesta que mandó el ministro presidente Aguilar Morales al pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se regula el acceso de servidores públicos a éste al poder.

En el documento al que tuvimos acceso se puede observar que más allá de que los candidatos a algún cargo tengan que pasar los cursos y exámenes de habilitación, también tendrán que demostrar que en la plaza a concurso no tienen un familiar trabajando.

De hecho, y de ser aceptada la propuesta por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por primera vez se establecería que los titulares de órganos jurisdiccionales y administrativos deberán abstenerse de generar, entre ellos, acuerdos “de voluntades para realizar nombramientos o promociones, así como de utilizar, por cualquier medio, sus facultades, posición jerárquica o su empleo, cargo o comisión para influir en la decisión de otro en dicha realización. En todos los casos, en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Situación que no podemos negar ha pasado en las últimas décadas, y en la cual no existía ningún candado para los jueces o magistrados.

De igual forma, la iniciativa incluye que los jueces o magistrados, así como los titulares de los órganos administrativos estarán impedidos a realizar nombramiento o promoción a favor de personas con las que tengan vínculos familiares.

Otro punto será que cuando un magistrado de Circuito o juez de Distrito contraiga matrimonio o concubinato, o sin contraerlo tenga descendencia con un servidor público; o establezca sociedad de convivencia o figura análoga con otro servidor público; o bien adquiera parentesco con éste por afinidad hasta el segundo grado y esté adscrito al órgano jurisdiccional del que es titular, se le tendrá que cambiar de juzgado o tribunal.

Todo esto pareciera una carta de buenas intenciones, pero el acuerdo establece un detalle que permitiría a cualquier ciudadano dar seguimiento a los nombramientos de los servidores públicos del Poder Judicial, es decir, que por primera vez nos permitiría ver la transparencia de sus movimientos.

Este detalle del que les hablo es la creación del Registro Público de Méritos de los Servidores Públicos, que contendrá no sólo los datos generales, sino la experiencia laboral, las sanciones impuestas, las notas desfavorables en su expediente, entre otros puntos.

El Registro estará disponible al público en general, en el portal del Consejo en Internet, y será de consulta obligatoria para los titulares de los órganos jurisdiccionales y administrativos, cuando pretendan realizar un nombramiento o promoción.