MADRID.- Los alrededor de 5,400 jueces y 2,500 fiscales españoles están llamados hoy a la segunda huelga que convocan este año las asociaciones profesionales para reclamar mejoras salariales, más medios y mayor independencia y protestar por lo que consideran falta de avances en el diálogo con el Gobierno.
La ministra de Justicia del actual Ejecutivo socialista, Dolores Delgado, participó en la primera huelga, el 22 de mayo pasado, cuando ella misma era fiscal y gobernaba entonces el Partido Popular (centroderecha).
La semana pasada también pararon un día los funcionarios de la administración de Justicia y dos horas los letrados judiciales.
Delgado no ha logrado convencer a sus antiguos compañeros de que desistan de la protesta, aunque argumenta que la mayoría de sus reivindicaciones están en tramitación parlamentaria y ha convocado por vez primera en quince años la Mesa de Retribuciones de jueces y fiscales.
Pero las asociaciones profesionales no ven avances concretos y llaman a un paro en el que mantienen las mismas reclamaciones de mayo, como la necesidad de reforzar la independencia judicial y la exigencia de que sean jueces y fiscales quienes elijan a la mayoría de miembros del Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces), en manos ahora del Parlamento.
Jueces y fiscales piden inversiones en medios materiales y humanos para mejorar el servicio público que prestan. Reclaman recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y que se creen más órganos judiciales para atender el aumento de litigios y exigen derogar el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios.
Los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia regionales del país se han solidarizado con la huelga y han apoyado las “justas y legítimas reivindicaciones” de un sector “con graves carencias crónicas”, según un comunicado conjunto.
Sin embargo, precisan que, por su posición institucional como máximos representantes del Poder Judicial en cada comunidad autónoma, no pueden sumarse a medidas de presión colectivas en su ámbito profesional.
El derecho de huelga de jueces y fiscales no está regulado en España, y por primera vez el Ministerio de Justicia anunció la intención de detraer de los salarios la jornada de paro de quienes secunden la huelga.
Las propias asociaciones establecieron servicios mínimos y la Fiscalía General del Estado ordenó que se cumplan todas las actuaciones “urgentes o inaplazables” o que afecten a derechos fundamentales para evitar “daños irreparables”.
La anterior huelga fue seguida por más del 65 % de los jueces y el 52 % de los fiscales, según los datos que facilitaron las asociaciones, y obligó a suspender miles de diligencias y vistas en los juzgados.
gac