Foto: Especial Evalúan experiencia en Uruguay como positiva  

Alberto Carbot (I de II partes)

La experiencia uruguaya sobre la regulación y control del mercado de la mariguana ha sido muy positiva en cuanto a las libertades ciudadanas y, en términos generales, no produjo una conmoción pública ni hubo cambios en la vida de la población.

Así lo señala en entrevista con 24 HORAS, Diego Silva Forné, doctor en ciencias sociales y jurídicas por la Universidad de Cádiz, coredactor de legislación que convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en controlar su cultivo, empaquetado y venta legal en las farmacias.

“La aprobación de la Ley Nº 19.172, promulgada el 24 de diciembre 2013, no produjo una conmoción pública y no hubo ningún cambio en la vida de la población. Los consumidores de cannabis lo hacen libremente en espacios públicos y nadie se siente afectado por ello”, asegura al analizar la experiencia obtenida en su país.

Además asegura que su visión sobre la iniciativa mexicana, que acaba de presentar Morena a través de la senadora Olga Sánchez Cordero -la futura secretaria de Gobernación-, es muy favorable.

“Espero que tenga éxito. Las prohibiciones nunca han servido para nada, y generalmente han dado resultados totalmente contrarios a los previstos”, dice.

Doctor, en días pasados, Morena, el partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó una Iniciativa de ley para regular el uso de la mariguana en México, lo cual ha generado un gran debate por sus posibles causas y efectos en la sociedad. Usted ha sido uno de los artífices de la regulación que desde hace 5 años está vigente en Uruguay, el primer país de América en legalizar su uso lúdico y terapéutico. ¿Cuál es la experiencia uruguaya al haberse regulado el uso de la mariguana?

Existen distintos aspectos y distintas facetas de la experiencia para señalar. Hay una gran cantidad de ellos que han funcionado bien, pero también hay otra gran cantidad para mejorar todavía por delante.

Desde el punto de vista de los derechos de la ciudadanía, creo que fue un avance muy importante.

En Uruguay el consumo de cualquier droga siempre fue una actividad lícita, más no así su expendio. En virtud de la prohibición, para poder acceder a estas sustancias, los consumidores tenían que recurrir al mercado negro. La regulación de la mariguana tuvo la ventaja de que le otorga a los consumidores adultos vías lícitas de acceso, y con ello se tutelan los derechos de las personas que la desean consumir.

Entonces, por un lado, creo que la experiencia ha sido muy positiva en cuanto a las libertades ciudadanas, porque los usuarios pueden acceder a ella a través de los distintos mecanismos previstos por la ley, si bien algunos de ellos tienen todavía muchas cosas para mejorar; pero en términos generales, lo que yo destacaría es que tras la aprobación de la ley no se produjo ninguna conmoción pública; no hubo ningún cambio en la vida de los uruguayos; los consumidores lo hacen libremente en espacios públicos y nadie se siente afectado por ello.

Tampoco ha habido ningún tipo de conducta criminal vinculada con el consumo de la mariguana. No ha habido desórdenes de orden público y ningún asalto en las farmacias para robarla. O sea, ha sido un proceso absolutamente pacífico y hoy los consumidores están pública y perfectamente integrados al conjunto de la sociedad.

Es decir, que aquellos vaticinios catastrofistas que habían pronosticado quienes estaban en contra de la iniciativa -con relación a que iba a ser un caos, que el país se iba llenar de drogadictos y que iba a haber problemas de orden público y criminalidad vinculada a este tema-, fue todo lo contrario. No ha pasado nada de eso y en ese sentido, la iniciativa ha sido muy destacable, y nos muestra las ventajas que tiene la regulación frente a la prohibición.

El experto -quien además de integrar el Comité Académico del Diplomado sobre Políticas de Drogas, Regulación y Control, que se dicta en la Universidad de la República, donde a su vez tiene a su cargo la asignatura Drogas y Ley Penal y actualmente es asesor jurídico en el Parlamento uruguayo-, asegura que “ ya el mundo tuvo una experiencia nefasta con la Ley seca –impuesta hace casi 100 años en Estados Unidos y que estuvo vigente de 1920 a 1933-, y me parece que es el ejemplo más evidente de lo que hablo.

“Esa ridícula prohibición del alcohol en aquel país, promovida desde consideraciones religiosas, culminó –en primer lugar-, con gravísimos problemas de salud pública, porque murieron miles de personas consumiendo alcohol adulterado, que no era apto para consumo humano, elaborado en condiciones sanitarias lamentables.

“En segundo lugar, se generó un negocio formidable para el crimen organizado. La forma en que se le otorgó un negocio extraordinariamente redituable a las mafias fomentó el crimen organizado en términos exponenciales.

“Cuando establecemos una prohibición, lo que estamos haciendo es generar un mercado negro, porque la gente no va a dejar de consumir este producto. Entonces, en lugar de prohibir, lo que tenemos que hacer es orientar el consumo de la población en términos de información sobre los riesgos del consumo y la adopción de políticas de reducción de riesgos y daños”, dice.

Estos resultados en Uruguay aparentemente van en la ruta de la tendencia a nivel mundial, en el sentido de que hay que despenalizar el uso de las drogas para arrebatarle estos espacios a los cárteles del narcotráfico.

Reitero que las prohibiciones nunca han servido para nada, y generalmente han dado resultados totalmente contrarios a los previstos.

Las tres convenciones internacionales sobre estupefacientes que tenemos hoy en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tampoco han cumplido ninguno de los objetivos para los cuales fueron creadas.

Tras el inicio de la “guerra contra las drogas” durante la administración del presidente Richard Nixon -que luego se extendió a todo el mundo, bajo el impulso de Estados Unidos-, los efectos resultantes han sido absolutamente contrarios al propósito de las convenciones.

Eso quiere decir que prácticamente, en cualquier lugar del mundo, hoy no sólo se adquiere todo tipo de drogas ilícitas de cualquier forma y a un precio accesible para el consumidor, sino que además esto se hace en la ilegalidad y en condiciones absolutamente inaceptables desde el punto de vista sanitario, pues las drogas en el mercado negro están contaminadas, adulteradas y sin ningún control sobre sus principios activos.

Al mismo tiempo, ello ha generado una violencia inmensa, una corrupción institucional incontrolable y en varios países sus gobiernos incluso no tienen control sobre parte de su territorio.

Es decir que los efectos de la prohibición han sido absolutamente perniciosos y nada bueno se ha sacado de ello. Las pruebas las tenemos a la vista en lo que ha pasado en nuestro continente, en que las políticas de guerra a las drogas solamente lo han desangrado.

¿El hecho de que las drogas sean reguladas y se permita su consumo, finalmente no incrementa el gasto en salud y fomenta el hecho de que las personas que hagan uso de drogas consideradas suaves como la mariguana, se enganchen luego como consumidores de drogas exponencialmente más peligrosas, con los graves problemas sociales y familiares que ello conlleva?

Eso es lo que se llama la famosa teoría de la escalada, que no tiene ninguna base científica –asegura el también director de la Revista de Derecho Penal, editada en Montevideo, a su cargo desde 2004-, y agrega que esto se intuye, porque los consumidores de mariguana -las personas que social o habitualmente lo hacen-, no tienen ninguna característica en sus hábitos de consumo que indiquen que luego consumirán drogas más duras.

Las personas que consumen drogas duras, en general antes consumieron mariguana, pero también antes consumieron alcohol y tabaco. O sea que la teoría de la escalada no tiene ninguna base científica, porque no hay nada que indique que el consumidor de mariguana, por el solo hecho de la sustancia en sí misma, luego vaya a consumir drogas duras.

El tema es que se tiende a reificar ciertas sustancias -esto es, atribuirle causalidad respecto de fenómenos individuales y sociales mucho más complejos, cuando no son más que eso, sustancias-, y su efecto sobre las conductas de las personas, cuando en realidad lo que sucede es que esos resultados -por ejemplo, el consumo problemático-, son producto de complejos factores individuales, contextuales, culturales y sociales, y no consecuencia directa de las sustancias en sí mismas.

Las personas que terminan consumiendo drogas duras lo hacen porque tienen una coyuntura vital social, familiar y de su entorno, que favorece que terminen consumiendo otro tipo de drogas. ¿Y esto por qué? Porque cada uno soluciona los problemas de su vida en la forma que mejor puede dentro del contexto socioeconómico-cultural que le ha tocado. Hay personas con falta de contención en su entorno, que solucionan o que buscan una respuesta o un alivio a sus problemas vitales, en el alcohol. Otras personas lo buscan, por ejemplo, en la religión y otras, en las drogas ilegales.

Pero regularmente el consumidor habitual, social o colectivo de la mariguana, no es el consumidor problemático que termina consumiendo drogas duras.

Además, debemos distinguir esto muy claramente: existen muchos tipos de consumidores. Y la enorme mayoría de los consumidores de mariguana son consumidores que están perfectamente integrados en la comunidad y no tienen ningún problema de vínculo social, lo mismo que la enorme mayoría de los consumidores de alcohol.

De los consumidores de alcohol que existen, ¿cuántos son alcohólicos? Un porcentaje mínimo. Lo mismo sucede con los consumidores de mariguana: la enorme mayoría no tiene ningún problema familiar ni social; a lo sumo tendrá los problemas sanitarios propios que puede ocasionar el consumo de cannabis, sobre todo cuando ésta se consume a través de la combustión.

Pero como usted habrá visto –y eso está reseñado en la exposición de motivos de la Iniciativa presentada recientemente por la senadora Olga Cordero, de Morena-, y en todos los materiales científicos que circulan hoy, el consumo de cannabis, en cuanto a los efectos nocivos para la salud, pueden ser perjudiciales, pero mucho menos que el alcohol y el tabaco.

Y al mismo tiempo la cannabis tiene la ventaja de que es un producto que cada vez más está siendo utilizada con fines terapéuticos y medicinales.

Sin embargo, muchos argumentan que la propiedad medicinal de la cannabis nada tiene que ver con la combustión de la sustancia.

Exacto, no tiene que ver con la combustión, sino con sus principios activos. Por eso en Uruguay la cannabis que se expende a través del sistema de farmacias, en el empaquetado se aconseja que se consuma a través de la vaporización, para evitar la combustión que es la que en general puede ocasionar problemas respiratorios. En cambio, si se hace a través de la vaporización, los problemas derivados de la combustión se eliminan.

Y en términos generales, el haber regulado el uso de la cannabis en Uruguay disminuyó la delincuencia o la violencia de los grupos criminales o los cárteles.

Lo que sucede es que en Uruguay la mariguana nunca estuvo vinculada a la delincuencia violenta; ésta se vincula a las drogas duras pero no la mariguana.

Por otro lado, el problema que tenemos en cuanto a datos y a cifras, es que el Poder Judicial de Uruguay no brinda una información en cuanto a los delitos de drogas, desagregada por sustancias.

Entonces no tenemos datos que nos permitan indicar si ha habido variaciones en la cifra de delitos vinculados a drogas, en su relación con la mariguana. Pero lo que sí podemos indicar, es que con los estudios que se han hecho desde que la ley se aprobó, al momento actual se calcula que alrededor de 53% de los usuarios de mariguana ya acceden a ella a través del mercado regulado. Esto quiere decir que se le ha sacado al narcotráfico y al mercado negro, más de la mitad de los consumidores.

Pero en términos más específicos, existen algunas cifras de que su regulación y su legalización en Uruguay, provocó algún incremento entre los consumidores. ¿Qué tanto tienen de cierto estas aseveraciones?

Lo que ocurre es que no es posible medir ese eventual incremento, porque la gente no declara públicamente que antes estaba realizando una actividad vinculada a la ilegalidad. Cuando una persona quería consumir cannabis, tenía que acceder al mercado negro; y lo que los sociólogos uruguayos han advertido, según las últimas encuestas, es que la gente está siendo más franca en lo que declara, aunque las encuestas sean anónimas.

Desde el punto de vista cuantitativo entonces, es muy difícil medir la realidad anterior a la regulación, con la realidad después de su entrada en vigor. Los datos anteriores no son fiables porque –como le comentaba-, las personas tenían que abastecerse en el mercado negro.

Entonces, hoy es una situación muy difícil de medir con un cierto grado de fiabilidad. Pero dentro de unos años probablemente sí dispongamos de datos más fiables, porque ya tendremos una experiencia acumulada y también cierta normalización en el ámbito social, que nos permita poder medir con indicadores más reales.

Respecto a las actividades que antes se vinculaban al ámbito de la ilegalidad, es muy difícil confiar en esos datos de forma cuantitativa, porque las personas aún son reticentes a manifestar que transitaron por los ámbitos de la ilegalidad.

Lo mismo ocurre con las cifras sobre la interrupción voluntaria del embarazo, antes de que fuese legalizado en el país. Lo que se tenían eran sólo estimaciones, no había datos fiables, ya las mujeres obviamente no iban a declarar abiertamente que habían recurrido al aborto, porque entonces era ilegal. Fue a partir del momento en que se legalizó, cuando se empezaron a llevar registros públicos, porque como digo, antes sólo había estimaciones.

Y pasa lo mismo en cuanto a la cannabis. Antes de que se regulara, sólo había estimaciones, ya que únicamente existía el mercado negro y los datos no eran fiables. Sin embargo, ahora, paulatinamente empezaremos a contar con datos fiables.

LEG