Foto: Cuartoscuro / archivo La CNDH recomendó a la Procuraduría y al gobernador que e brinde atención psicológica a los padres e hijos del elemento, y a quien conforme a derecho corresponda, entre otros  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 37/2018 dirigida al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por dilación e irregularidades en la integración de las averiguaciones ministeriales iniciadas luego de la desaparición de un ex elemento de la Secretaría de Marina en esa entidad.

El organismo informó que acreditó violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y acceso a la verdad, atribuibles a servidores públicos de la PGR y de la Procuraduría estatal, cometidas en la integración de las respectivas averiguaciones previas iniciadas con motivo de la denuncia presentada por el padre de la víctima.

De la revisión efectuada a cinco investigaciones ministeriales, se concluyó que ambas autoridades omitieron diligencias que por su relevancia debieron ordenarse con prontitud desde el inicio de su investigación.

Esto para evitar pérdida de información que pudiera haber aportado datos respecto a la ubicación de la víctima y, en su caso, encontrar a los probables responsables.

La CNDH recomendó a la Procuraduría y al gobernador que –en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas– se brinde atención psicológica a los padres e hijos del elemento, y a quien conforme a derecho corresponda, entre otros.

También se solicitó inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas y que se continúe la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa, no sin antes instrumentar medidas eficaces para la búsqueda y localización de la víctima y, en su caso, identificar y detener a los probables responsables.

Además, llamó a colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las quejas que se presenten ante las autoridades competentes y que se designe a los servidores públicos que darán seguimiento al cumplimiento de la recomendación.

Solicitó capacitar al personal ministerial de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y de la Dirección de Antisecuestros y Extorsión de la Procuraduría Estatal en derechos humanos, específicamente en materia de desaparición de personas, jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos e implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas.

LEG