¿Qué pasará con Javier Jiménez Espriú si el domingo el pueblo sabio y bueno decide que siempre sí es mejor Texcoco que Santa Lucía?
Jiménez Espriú fue quien convenció a López Obrador de que el proyecto de Texcoco era inviable por su costo financiero y ecológico; y no ha cesado de repetir los mismos argumentos, a veces con convicción y otras no tanto.

El caso es que este fin de semana podría no sólo estar en juego el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sino el del propio Jiménez Espriú, aunque todavía le quedará el recurso, si pierde su opción, de que no fue decisión suya, sino que el pueblo sabino no nomás no entendió los beneficios de Santa Lucía.

Y a todo esto, ¿quién atará al tigre de Atenco que había aceptado Texcoco y con el triunfo de Morena retomó los machetes y las marchas como método de persuasión?
Es pregunta, nada más.

El futuro secretario de Comunicaciones sostuvo por la tarde una reunión con la bancada de Morena en el Senado para explicarles, otra vez, la conveniencia de Santa Lucía.

Veremos el domingo.
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Durante su comparecencia ante los diputados, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, informó que la dependencia a su cargo recientemente impuso multas por mil 86 millones de pesos a dos empresas filiales de Odebrecht.

En total, la SFP ha impuesto sanciones administrativas por 56.8 millones de dólares a la empresa brasileña, que cesó sus operaciones en el país.
La funcionaria se reservó los nombres de las empresas debido a la secrecía que debe haber en una investigación en curso y para evitar que otras empresas en igualdad de circunstancias se puedan amparar.

Lo interesante del caso no son en sí las multas, sino la forma como la SFP pretende cobrarlas.

Odebrecht aún tiene contratos vigentes con Pemex; la empresa productiva del Gobierno le adeuda al conglomerado brasileño algo así como 30 millones de dólares por algunas obras que no le han sido pagadas a partir del escándalo de sobornos al ex director de la empresa, Emilio Lozoya Austin.

La Secretaría de la Función Pública, que no atiende casos penales, sino sólo administrativos, embargará, vía el SAT, las cuentas de Odebrecht y sus filiales para poder cobrar las sanciones impuestas por violaciones a la normatividad de la antes paraestatal.
Ése será uno de los asuntos que heredará la siguiente administración, además de la caída de la producción de petróleo y la baja calificación crediticia de la empresa llamada, irónicamente, “productiva del Estado’’.

Por cierto, Arely Gómez informó que se analizan los patrimonios de Lozoya Austin y de la secretaria de la Sedatu, Rosario Robles, sobre quienes pesan acusaciones debido a presuntos actos de corrupción.

Pero sólo desde el punto administrativo, porque el judicial corresponde a la PGR.
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¿Alguien sabe o ha visto recientemente al futuro director de la Comisión Federal de Electricidad, el convertido Manuel Bartlett Díaz?
El poblano anda desaparecido, dicen, porque se ha metido de cabeza en los números de la CFE, otrora empresa de clase mundial –así era el eslogan-, y que presenta una situación de crisis quizá no tan grave como la de Pemex.

¿Qué podrá hacer el mago Bartlett para rescatar a la CFE y evitar una calificación negativa de las muy influyentes calificadoras de fama mundial?
Lo que sea que esté haciendo, tendrá que mostrarlo pronto porque ya hay quien dice que igual no llega al juramento del primer día de diciembre.