A fin de reforzar los controles normativos para detener las operaciones de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con las llamadas empresas “fantasma”, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal presentará, en esta semana, una iniciativa para prohibir la celebración de contratos que involucren dinero público con empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya identificado como entidades irregulares, conocidas como empresas “fantasma”.
De esa manera, se amplía el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas.
Actualmente, la Ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La reforma que se propone incorpora a sus homólogas de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, sus dependencias y entidades, señaló.
De acuerdo con Monreal Ávila, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los poderes Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente público sobre el que tenga control alguno de los poderes y órganos públicos, estarán sujetos a la nueva norma.
Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se han identificado al menos 6 mil 500 empresas de este tipo en el país que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Ante este panorama, Monreal Ávila propuso modificaciones al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Las modificaciones legales, explicó, permiten la creación de un padrón único de contratistas y de proveedores “confiables” que tendrán el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales con las capacidades legales, técnicas y administrativas y, al mismo tiempo, podrán prevenir e identificar actos u omisiones irregulares e ilícitas en el marco de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos.
Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se traten de organizaciones ficticias o “fantasma”. Se solicita entreguen diversa información específica, entre la que destaca: alta ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público, registros ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Infonavit, así como estados financieros auditados y el inventario de maquinaria y equipos disponibles, entre otros, abundó.
El legislador de Morena mencionó que se impulsarán mecanismos de transparencia, ya que la reforma establece que las personas que deseen participar en procedimientos de licitación deberán dar su consentimiento para que el Sistema de Administración Tributaria publique en su página de internet la información de éstas.
Ricardo Monreal señaló que el nuevo marco jurídico contempla incrementar las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente; y para quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad, o incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida.
Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, destacó.
Las reformas plantean que no podrán celebrarse contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT, como incongruencias o falsedad en el domicilio fiscal declarado, entre los activos, personal, infraestructura o capacidad material, o datos que no concuerden entre los ingresos facturados y los declarados.
Monreal Ávila explicó que con la iniciativa los proveedores o contratistas que deseen beneficiarse de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, deberá autorizar el SAT publicar su información en la página electrónica del ente de fiscalización, a efecto de ser consultada y analizada por las dependencias y entidades contratantes, así como por la ciudadanía en general.
aarl