Pedro Rivas (ex magistrado electoral)
La estructura jurídico-administrativa que se creó hace casi treinta años para darle un poco de certidumbre legal y legitimidad a los procesos electorales, sobre todo a los presidenciales, resultó en dos estructuras burocráticas obesas, ineficientes e ineficaces, y, por lo tanto, muy costosas para los mexicanos.
El hoy Instituto Nacional Electoral, nace como la respuesta institucional a un devaluado Instituto Federal Electoral, que se había imaginado el ámbito donde los ciudadanos se harían cargo de organizar las elecciones presidenciales que, en el año de 1988, fueron totalmente turbias generando una crisis política que hasta la fecha no ha podido superarse, es más, se puede afirmar que se ha venido agudizando.
El otrora Instituto Federal Electoral (IFE), en un principio presidido por el Secretario de Gobernación, poco a poco se fue quitando la tutela gubernamental hasta llegar a ser dirigido por un ciudadano, no vinculado con el poder, para el proceso del año 2000; ese fue el momento culminante de dicha autoridad administrativa, sin dejar de comentar que fue el titular del Ejecutivo Federal y no la autoridad electoral, la que indebidamente dio a conocer el resultado de la elección al público.
La otra estructura que se creó fue, un Tribunal Federal Electoral que copió los procedimientos de los tribunales administrativos, que nunca han servido de mucho en eso que se llama justicia administrativa. En su origen, dicho tribunal tuvo mínimas facultades y sí una serie de dificultades procesales para el justiciable, como aquel famoso escrito de protesta, requisito de procedencia, que muy pocos ciudadanos entendían y que, por lo tanto, 90% de los asuntos se declararon improcedentes, en una clara denegación de justicia.
Si bien este tribunal que hoy se denomina Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nunca ha tenido un momento culminante, su actuación ha sido un constante dislate; es lamentable que todo aquel que ingresa a dicha institución se convierte en un verdadero cortesano, tal vez esto se deba a la metamorfosis que sufren los abogados que trabajan en el ámbito jurisdiccional donde han deambulado en esa doble moral, tan característica de ese ambiente.
Este modelo bipolar jurídico-administrativo, está agotado, y quienes lo agotaron fueron los partidos políticos, desde luego el partidazo otrora hegemónico y los llamados de oposición, cada quien en la medida de sus posibilidades, siendo los últimos que poco a poco se fueron mimetizando hasta convertirse en una mala copia del partido al que trataban de combatir, los conservadores con sus concubinatos y la izquierda convertida en una letrina.
A través de reformas legislativas inconclusas, pensadas más para conservar privilegios que para producir gobernabilidad, se fue generando una legislación que es un verdadero galimatías; por otra parte, la conformación de los cuerpos colegiados fueron secuestrados por los partidos, convirtiéndolos en una simple caja de resonancia de la discusión parlamentaria.
Hoy, como ya se dijo líneas arriba, estos cuerpos colegiados viven el peor momento de su corta vida, conformados por sujetos obsecuentes y sumisos ante quien los nombra, llegan con hambre de privilegios, como las camionetas millonarias que se compraron los recién llegados magistrados al TEPJF, o las omisiones de los consejeros para sostenerle el registro a un partido satélite del poder en turno, a pesar de estar violando la ley sistemáticamente.
Esto ha traído como consecuencia que, cada vez menos ciudadanos confíen en las autoridades que se supone fueron creadas para dar certeza de los resultados electorales; por lo tanto, hay que pensar en una restructuración de fondo, para poder generar gobiernos más o menos legítimos en términos del bien común; el hecho de que la gente pierda el tiempo con tal de tener su credencial de elector, no significa que quieran votar, sino que dicho documento se ha convertido, por una decisión arbitraria del gobierno, como el documento base para toda clase de trámites administrativos.
Así las cosas, hagamos algo práctico: cerremos el tribunal y las salas regionales, que la Corte Suprema en su sala administrativa, en tiempos electorales, conozca de estos asuntos, así como sus tribunales que tiene repartidos por todo el país, primer ahorro; cancelemos al Consejo General del INE, ya que hace tiempo dejó de ser ciudadano, segundo ahorro; démosle plena autonomía a la Unidad Especializada de Fiscalización, otorgándole facultades sancionadoras de acuerdo a una legislación clara sobre atenuantes y agravantes; conservemos el servicio civil de carrera (sus integrantes son los que realmente organizan la jornada electoral); integremos la urna electrónica para dar resultados en tiempo real y evitar arreglos fraudulentos como los que acostumbra el partido verde solapado por los consejeros electorales; terminar con la fiscalía de delitos electorales que nunca ha servido para nada, aunque hay que decir en su descargo que los tipos penales están técnicamente mal hechos.
Se podría ahondar mucho más para ser menos gravosos los procesos electorales, desde luego quitar el financiamiento público a los partidos; el fantasma del crimen organizado con el cual se ocultó el atraco de los partidos hacia la población ya tiene carta de naturalización en los comicios desde hace rato.
Si los gobiernos que producen las elecciones en este país, resultaran en el bienestar general, serían baratos, pero lo que pagamos por mantener tanto sinvergüenza es demasiado caro. Estas son algunas ideas que a lo mejor nos pueden dar certidumbre sobre quién gobierna.
En el último proceso electoral, las llamadas instituciones electorales demostraron su inutilidad; la ciudadanía, tanto la que estuvo en casillas como la que votó fue la responsable de que fuera un proceso legítimo, sin la intervención de esa lujosa burocracia que se autonombra defensora de los derechos de los ciudadanos, para elegir a sus gobernantes.
Por cierto, más allá de las cuotas para elegir consejeros a modo, el caso emblemático es el del doctor Lorenzo Córdova, quien después de ser un crítico agudo de la última reforma electoral, en un procedimiento por demás opaco, fue nombrado consejero electoral, sin haber convocatoria de por medio; cabe señalar que era un nombramiento provisional, llegada la nueva administración se suponía una renovación del “nuevo” Instituto, pero el doctor hábilmente tomó el camino de la antesala y no el de la convocatoria, para llegar a la presidencia de un Instituto que nació en estado vegetativo; por eso es urgente una ingeniería electoral que garantice la gobernabilidad en aras del bien común.